Cerca de 2.000 títulos agrarios fueron entregados por el gobierno transitorio, de los cuales no se conocen beneficiarios, extensión y ubicación. Una investigación documentada de la Fundación Tierra denuncia “tráfico de tierras” que benefició a intereses económicos.
“Han entregado cerca de 2.000 títulos agrarios en Santa Cruz, la expresidenta (Jeanine Áñez) ha firmado los títulos y muchos de éstos los ha entregado personalmente. Sin embargo, no ha hecho conocer los nombres de los beneficiarios, qué extensión tenían estas propiedades tituladas, dónde están, y en medio de esa entrega de títulos muchas propiedades se han consolidado por encima de 5.000 hectáreas que establece como límite la Constitución Política del estado (CPE)”, reveló a LA RAZÓN el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
El trabajo de investigación efectuado por esta organización se sustenta con evidencias documentales, que establecen actos irregulares para la dotación de tierras, en particular fiscales, al sector privado con un dudoso accionar de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“Es un tema muy grave y obviamente toca intereses enormes, y la gente intenta acallar las voces que se levantan respecto a este tema porque es un tema muy gordo en el sentido que implica a magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental porque ellos han sacado sentencias que serán verificadas en algún momento por las autoridades que tengan competencia, si sacaron resoluciones contrarias a la Constitución y leyes”, dijo.
Entre los títulos y trámites irregulares se encuentra la consolidación de 33.800 hectáreas (ha) en favor de la familia del exministro de Economía Branko Marinkovic Jovicevic, una denuncia que salió a la luz pública el 4 de noviembre.
Se trata de dos predios: Tierras Bajas del Norte de 21.800 ha y Laguna Corazón de 12.000 ha, que sumadas superan el límite que establece la Constitución Política del Estado (CPE) de 5.000 ha, además sin cumplir una función económica social (FES).
Esta denuncia efectuada por la Fundación Tierra provocó que la familia del exministro presente una querella contra los que —asegura— realizan una campaña “maliciosa”, relacionándola con supuestas concesiones ilegales durante la gestión de Áñez.
De igual manera, se conoció que Branko Marinkovic inició un proceso legal en contra del director de la citada organización.
Al respecto, Colque aseguró que este caso es uno de varios que tiene con evidencias documentales, como resoluciones anuladas del INRA o “suplantadas” por otras, las cuales también serán reveladas en las próximas semanas.
“Nosotros vamos a continuar denunciando, investigando y haciendo pública la información que todos los bolivianos necesitan conocer. La Fundación Tierra hace un trabajo serio, documentado y no se dedica a difamar o insultar a las personas sino hace conocer casos en los cuales hubo influencias, uso del poder político para procesos que estaban observados temas administrativos anulados durante anteriores gestiones”, argumentó el ejecutivo.
Colque agregó que el objetivo de la demanda judicial de Branko Marinkovic es “acallarnos, silenciarnos, meternos miedo, y eso no va a pasar porque nosotros estamos conscientes y muy claros que nuestra tarea es de interés público y nacional”.
ESTUDIO
Sobre este tema, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, anunció el martes que se llevará adelante un “estudio rígido” para encontrar a los responsables que concedieron en tiempo récord las 33.800 ha de tierra a la familia del exministro Marinkovic, además de buscar los mecanismos legales para revertir esa asignación.
“Vamos a hacer un estudio continuo, rígido. Vamos a ver quiénes o bajo la tuición de quiénes se han hecho estos trámites (…), porque legalmente no se debería haber titulado esa cantidad de hectáreas”, dijo en una entrevista con la estatal BTV.
De igual manera, la Comisión de Tierra y Territorio de la Cámara de Diputados solicitó información detallada al INRA sobre el proceso de consolidación, con el objetivo de iniciar un proceso de fiscalización en los próximos días.
La expresidenta Áñez firmó el 21 de octubre de 2020 la Resolución Suprema 26916 que ordena la emisión del Título Ejecutorial del predio Laguna Corazón. Y el 29 de octubre se termina por consolidar el derecho propietario.
Respecto al predio Tierras Bajas del Norte, existe un fallo del Tribunal Agroambiental favorable a la familia Marinkovic, que reconoce un máximo de 5.000 ha. El 15 de septiembre de 2020, el INRA emitió la Resolución 143 que “consolida el derecho propietario sobre 21.839 ha a favor de esta familia. Las modificaciones de resoluciones y demás decisiones tomadas conllevaron a la anulación del precio de adjudicación del predio, es decir, dejó sin efecto la obligación económica que tenía la parte interesada con el Estado boliviano”, informó la Fundación Tierra.
El 27 de octubre, el INRA consolidó el citado saneamiento.
‘Tráfico de tierras’ requiere soluciones de ‘alto nivel‘
Según el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, el “tráfico de tierras” revelado requiere una solución de “alto nivel” y una política de Estado que sea impulsada por el presidente Luis Arce. Estas acciones son consideradas como “necesarias”, junto a una normativa sectorial, por el analista económico Jimmy Osorio.
“Creo que es un tema que debe tratar el presidente (Luis Arce) con su gabinete y establecer una medida, como se dio en la época del Consejo Nacional de Reforma Agraria, que fue intervenido desde un mandato presidencial porque era obvio que se traficaba tierras, que se entregaba a privados y que se estaba utilizando como moneda de pago por favores políticos. Ante esa situación fue creado el INRA en un intento de cambiar ese enorme tráfico de tierra que se presentó en los años 80 e inicios de los 90”, recordó el ejecutivo de la organización.
Explicó que, si se lleva adelante una comparación entre la citada época y las nuevas denuncias, “la actual situación no es distinta”, razón por la cual se requiere la intervención del más alto nivel de la estructura del Estado, el presidente Luis Arce, insistió.
Al respecto, el analista económico Jimmy Osorio consideró que este nuevo caso de “tráfico de tierras” requiere que el Gobierno “reasuma” su rol para normar y controlar estos hechos.
Una tarea que requiere no solo el uso de tecnología para el saneamiento de tierras en el país, y sobre todo en el oriente, sino también de una “revisión” o actualización de la normativa sectorial.
“El que usa la tierra fiscal al momento de sanear requiere de la aprobación de los habitantes del lugar, lo cual puede distorsionarse por la compra de conciencias. Por ello es un tema delicado que el Gobierno central tiene que asumir con la responsabilidad necesaria y además con la normativa que pueda emanar de la Asamblea Legislativa”, apuntó.
INTERVENCIÓN
Otra medida que puede ser efectiva para establecer procesos “irregulares” de saneamiento de tierras es una “intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”, aseguró el director de la fundación.
“La medida más efectiva sería la intervención y una inmediata auditoría técnica y jurídica de estas actuaciones y procesos observados. No hay otra manera de resolver este tema, no lo va a resolver un nuevo director del INRA, no lo va a resolver un ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Aquí tiene que existir una comisión, un mandato presidencial que ordene la paralización del proceso que se ha desvirtuado y la revisión de los antecedentes jurídicos y técnicos de estos casos que revisten el carácter de tráfico de tierras”, dijo.
Esta propuesta es apoyada por Osorio, porque considera que en el INRA es donde se concentran todos los trámites de saneamiento así como las autorizaciones para la titulación de tierras.
