ENTREVISTA
El incremento de la importación de productos de madera, el contrabando, financiamiento, la falta de un régimen tributario especial para los operadores comunitarios y de una norma que fomente las plantaciones forestales y agroforestales, pero sobre todo la inseguridad jurídica de las tierras forestales, son algunos desafíos que enfrentará Javier Cronenbold, nuevo presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, quien conversó con LA RAZÓN para evaluar la situación de un sector que busca reactivarse.
—Tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19, a la fecha ¿cuál es la situación del sector forestal del país?
—En términos generales es muy buena. Bolivia quedó en una situación competitiva muy interesante en la fase pospandemia, ya que, durante la cuarentena radical (2020), la actividad maderera fue una de las actividades económicas permitidas en sus fases de producción en bosque y exportaciones. Una constatación de esto es que en 2019, prepandemia, nuestras exportaciones apenas llegaron a $us 55 millones y, en 2021, logramos exportar $us 96 millones, con una balanza comercial positiva en un 71%.
—¿Se registraron pérdidas?
—Durante la pandemia o cuarentena rígida, el daño principal se sufrió en el mercado interno, ya que las actividades comerciales estaban prohibidas. Si consideramos que el mercado interno mueve alrededor de $us 300 millones y éste estuvo paralizado por casi seis meses, es perfectamente válido afirmar que la afectación en términos económicos solamente superó los $us 150 millones. Esto sin considerar los efectos secundarios de cierre de empresas, despido de trabajadores, etc.
—Para reactivarse, ¿qué dificultades enfrenta este sector?
—Lamentablemente existen algunas dificultades que no permiten la reactivación del sector maderas en el país, entre éstas se encuentran las importación de productos de madera, el contrabando, la falta de un financiamiento adecuado para el sector, la falta de un régimen tributario especial para los operadores comunitarios, la falta de una norma que fomente las plantaciones forestales y agroforestales y la inseguridad jurídica de las tierras forestales.
—En su gestión al frente de la Cámara Forestal de Bolivia, ¿cómo se afronta estas dificultades identificadas?
—Con trabajo se superarán las dificultades señaladas. Porque para todas éstas, la solución las tiene el Estado y ante las autoridades correspondientes seguiremos haciendo las gestiones necesarias —En ese marco, ¿qué acciones se llevarán adelante para regular las importaciones y luchar contra el contrabando?
—Estas problemáticas la venimos enfrentando desde hace más de ocho años, con resultados muy relativos.
La ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) respondió de manera más oportuna y responsable, al incrementar el valor de los Certificados Forestales de Origen para Importaciones. Fue una medida muy importante que en su momento frenó sustancialmente las compras del exterior. Sin embargo, no fue suficiente, ya que debió haber sido complementada con medidas del Ministerio de Desarrollo Productivo e incluso por la Cancillería del Estado, pero lamentablemente no tomaron ningún tipo de decisión para proteger a la industria y mano de obra nacional. De igual manera, las gestiones que venimos realizando contra el contrabando tienen larga data. Lamentablemente, no existe una respuesta sostenida y el contrabando continúa afectando a la industria nacional.
—¿Cómo evalúa el tema de la deforestación de suelos no aptos para actividades agropecuarias, la cual se ha incrementado en los últimos años?
—Como la acción humana más irresponsable. La deforestación en suelos no aptos para actividades agropecuarias, sea ésta de pequeña o gran escala, es un crimen contra los bosques y la estabilidad ecológica de nuestro país. Lo más grave de todo esto es que, adicionalmente al daño ecológico que se ocasiona, ya estamos comenzando a sufrir los efectos económicos y sociales, porque nos vemos afectados por sequías e inundaciones, cada vez más extremas, las cuales impactan en los procesos productivos de los sectores agropecuarios.
—¿Qué cantidad de derechos forestales opera el sector?, ¿se redujo la superficie y quiénes son los nuevos beneficiarios?
—El sector empresarial ha sufrido una drástica reducción de sus áreas bajo derecho forestal (hoy Autorizaciones Transitorias Especiales, antes concesiones). Cuando iniciamos el régimen de la Ley 1700 en 1997 (Forestal), el sector consolidó 6 millones de hectáreas a nivel nacional. Hoy, apenas detentamos cerca de 2 millones. Es decir, el 7% de los bosques productivos del país. De los 4 millones revertidos o despojados al sector forestal empresarial, más del 80% están en manos de campesinos interculturales y empresas agropecuarias.
—¿Este nuevo escenario requiere un cambio de la normativa vigente?
—Absolutamente. Sin embargo, antes de abordar la nueva norma, previamente es indispensable debatir y construir una política de Estado del sector forestal. Se requiere un urgente debate, pero objetivo, sin prejuicios ni cálculos político partidarios de ningún lado. Debe ser una política forestal del Estado, antes de seguir promoviendo o presentando proyectos de ley infundados y malintencionados, con el único fin de afectar a algunos sectores para beneficiar a otros, en los cuales lo que menos les importa es la conservación del bosque y el desarrollo sustentable del sector forestal.
PERFIL
Nombre: Javier Cronenbold
Cargo: Presidente de la Cámara Forestal de Bolivial (CFB)
EMPRESARIO
Agrónomo de profesión, es un empresario maderero joven, descendiente de una familia que estuvo dedicada por décadas a la industria de la madera en el país. A sus 42 años cuenta con una gran experiencia en el sector forestal, pues empezó trabajando en diferentes áreas de la cadena productiva. A la fecha, administra su propia empresa maderera (Imperio) y fue elegido recientemente como presidente de Cámara Forestal de Bolivia.
