OPINIÓN
En un nuevo golpe al sector de las criptomonedas, esta semana, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) de EEUU demandó a dos de sus principales actores. El lunes la agencia presentó cargos contra Binance, la mayor plataforma de criptoactivos del mundo, y al día siguiente acusó a Coinbase, la única criptoempresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, de violar las leyes de valores.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, desde hace tiempo ha insistido en que la mayoría de las criptomonedas son valores y, por lo tanto, entran dentro de la jurisdicción de la agencia. Muchos entusiastas de los activos digitales —entre ellos algunos reguladores y legisladores— afirman que Gensler se está excediendo.
Hay similitudes notables entre los casos de esta semana. La SEC acusa tanto a Binance como a Coinbase de operar bolsas de valores y vender activos digitales que, en su opinión, debieron haberse registrado. Sin embargo, en su demanda contra Binance, la SEC también acusa a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, de fraude civil, mientras que en su caso contra Coinbase no alega fraude ni nombra como acusado al director ejecutivo de la empresa, Brian Armstrong.
La SEC señaló que Coinbase ganó miles de millones de dólares facilitando la venta de criptoactivos como una bolsa no registrada y privó a los inversores de importantes protecciones. La agencia ha argumentado que la mayoría de los criptoproductos no son distintos de las acciones, los bonos y otros valores, y que las empresas que los ofrecen deben registrarse en la agencia y realizar las divulgaciones correspondientes, como cualquier bolsa o correduría tradicional.
Coinbase y la SEC han sostenido una larga batalla pública sobre la postura de la agencia respecto a los activos digitales. El año pasado Coinbase le solicitó a la SEC que estableciera nuevas normas y en abril demandó a la agencia por no atender su petición.
La criptoempresa ha cabildeado en el Congreso y exigido una legislación. El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, testificó el martes ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes sobre un proyecto de ley publicado la semana pasada que, según mencionó, volvería las normas “claras en la práctica, no solo en la teoría”. Grewal agregó: “La solución es la legislación, no los litigios”.
Binance está bajo fuego por una docena de cargos relacionados con valores. Se le acusa de canalizar miles de millones de dólares del dinero de sus clientes a una empresa separada que pertenece a Zhao. La SEC imputó tanto a Zhao como a la empresa, y acusó a Binance de otra docena de violaciones, incluyendo engañar a los inversionistas sobre la idoneidad de sus sistemas para detectar y controlar las operaciones manipuladoras.
Además de esos cargos, Binance, al igual que Coinbase, está acusada de operar una bolsa no regulada y emitir criptomonedas que, según la agencia, debieron registrarse como valores. Entre esas criptomonedas estaba su propio token, el cual cotiza como BNB, así como otros 10 tókenes populares.
El martes, la SEC le solicitó a un tribunal federal una orden de restricción temporal para congelar los activos estadounidenses de Binance. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos también acusó a Binance de violar las leyes de productos básicos en marzo.
Las acusaciones contra Binance por mala gestión de los fondos de sus clientes recuerdan en cierto sentido los cargos presentados a finales del año pasado contra la criptobolsa FTX y su fundador, Sam Bankman-Fried. No obstante, Bankman-Fried, a diferencia de Zhao, enfrenta cargos penales por fraude y conspiración, y también se le acusa de violar la ley de financiamiento de campañas.
Los fiscales afirmaron que Bankman- Fried había desviado miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX a su empresa de operaciones bursátiles, Alameda Ventures, y que Alameda había utilizado los fondos malversados para llevar a cabo apuestas arriesgadas y muy apalancadas.
Binance indicó que la SEC estaba intentando “definir de manera unilateral la estructura del mercado de las criptomonedas” con demandas mediáticas, y se comprometió a “defender nuestra plataforma con vehemencia”, escribió la empresa en una publicación en su sitio web el lunes.
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De igual forma, Coinbase anunció su intención de contraatacar y seguir presionando al Congreso para que promulgue nuevas leyes. Las criptoempresas esperan que la criptolegislación ayude a eliminar la mancha de los escándalos recientes y legitime el sector, que se ha ganado una reputación de anárquico.
Sin embargo, no todos los legisladores consideran que el asunto sea urgente, y la regulación puede ser lenta. Las demandas podrían avanzar antes de que se apruebe algún proyecto de ley, con lo cual cuestiones que se debaten ferozmente quedarían en manos de los tribunales federales.
Desde la perspectiva del sector, esa vía indirecta podría resultar. La Corte Suprema ha mostrado disposición a limitar el poder de las agencias, y los criptocabilderos están muy conscientes de las implicaciones. En el próximo periodo, los jueces reconsiderarán una doctrina que en la actualidad exige a los tribunales dar más peso a la experiencia de las agencias, lo cual podría frenar más la autoridad administrativa.
“Estamos viendo la erosión potencial de uno de los principales dogmas de nuestra jurisprudencia y un posible cambio en el alcance de la autoridad de las agencias administrativas”, comentó Sheila, directora ejecutiva de Crypto Council for Innovation, un grupo de presión de Washington que representa a Coinbase y otras entidades. Warren agregó: “Va a ser una locura”.
Ephrat Livni Abogada y periodista especializada en temas de negocios y política.
