OPINIÓN
En su amplia oficina, con las cortinas marrón cerradas para impedir el paso del sol tropical, el presidente de Surinam dijo apoyar a los maestros en huelga que se habían congregado fuera de ese lugar y gritaban consignas sobre un aumento de salario.
Tres años de catástrofes nada atemperadas han arrasado con el poder adquisitivo en este país sudamericano: las crisis globales recrudecieron décadas de gobiernos despilfarradores. El precio de los alimentos y el combustible se han ido a las nubes, empeorados por la guerra rusa en Ucrania. La moneda nacional se desplomó y la economía se fue a pique al tiempo que la pandemia comenzó a propagar muerte y temor.
En vista de “la pesada carga que lleva a cuestas mi gente”, comentó el presidente Chandrikapersad Santokhi, su “responsabilidad moral es ofrecerles ayuda”. Por desgracia, no podía ofrecer mucho. La fortuna de este país de 600.000 habitantes quedó atrapada en un fuego cruzado geopolítico: el acceso a la ayuda se vio demorado por el conflicto entre Estados Unidos y China.
La semana siguiente, una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó de Washington con el propósito de alentar al gobierno de Santokhi a proceder con una ronda de recortes al gasto. La austeridad presupuestaria era el requisito central del programa de rescate del fondo, un paquete de préstamos a tres años por $us 690 millones, a una tasa de interés reducida, diseñado para que Surinam contara con medios suficientes para efectuar los pagos correspondientes a su deuda externa de $us 2.400 millones.
Pero el FMI y su participante más influyente, Estados Unidos, querían otra cosa más. Insistieron en que los acreedores chinos reestructuraran una deuda de $us 545 millones por préstamos que Surinam utilizó para construir caminos y viviendas.
Los retos que enfrenta Surinam ilustran una de las nuevas complejidades de las finanzas globales. Ahora que muchos países de ingresos medios y bajos lidian con una crisis de deuda cada vez más profunda, con frecuencia la ayuda no fluye a causa de conflictos entre las instituciones de Occidente, tradicionalmente dominantes, y un actor importante: China.
En otras décadas, el FMI, un componente central del orden democrático liberal forjado por Estados Unidos y sus aliados al concluir la Segunda Guerra Mundial, era la única fuente de efectivo para las naciones que batallaban para pagar sus cuentas. Ahora, China se ha convertido en un acreditante importante para países de Asia, África y América Latina. Sus instituciones financieras otorgan préstamos con pocas exigencias, por lo que ofrecen una alternativa frente a la austeridad impuesta por el FMI.
El problema es que, ahora que los gobiernos están cortos de dinero e intentan negociar con los acreedores una reducción de su deuda, el FMI y el gobierno de Biden se han resistido a ofrecer ayuda en tanto las instituciones financieras chinas no participen. De lo contrario, según dicen, los bancos chinos se aprovechan de la condonación de la deuda que ofrecen otros.
“Ahora, China necesita erguirse como una fuerza constructiva que ayude a los países afligidos por la deuda”, señaló Jake Sullivan, asesor nacional de seguridad de Estados Unidos, durante un discurso dirigido en abril en la Institución Brookings.
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Por desgracia, el gobierno chino, cada vez con más decisión, se ha negado a doblegarse ante las exigencias de Washington (ni ante el FMI).
“El FMI da algunos parámetros en relación con la condonación de deuda; pero, desde nuestra perspectiva, creo que no es nada obligatorio”, aseveró en Paramaribo, la capital de Surinam, un diplomático chino que habló abiertamente a condición de permanecer en el anonimato. “China solo negociará con el gobierno de Surinam”.
Todo esto subraya las presiones que sufren países como Ghana, Etiopía o Pakistán, que enfrentan una creciente deuda, en su mayoría ante bancos chinos propiedad del Estado.
La semana pasada, el gobierno de Zambia confirmó un acuerdo que le garantiza una prórroga de tres años en los pagos por una deuda de $us 6.300 millones, en su mayoría con bancos chinos. Ese acuerdo permitió que el FMI liberara $us 188 millones en fondos de ayuda como parte de un paquete de rescate por $us 1.300 millones. El acuerdo se concretó tras un año y medio de negociaciones tortuosas que pusieron las finanzas de Zambia en una situación precaria.
Los problemas globales por lo regular dejan a los países de menores ingresos con obligaciones financieras insostenibles. La oleada actual de calamidades ha sido especialmente desgarradora. El producto de años de tasas de interés bajas, que alentaron la obtención de préstamos sumadas a la miseria de la pandemia, multiplicó la carga de los sistemas de salud a medida que se contrajeron las economías.
Esta vez, la resolución se vio sacudida debido a las crecientes hostilidades entre las dos mayores economías del mundo.
“Si las potencias tienen alguna obligación, ya sea que se trate de China o de Estados Unidos, es darle cierta certidumbre y seguridad al mundo”, opinó el ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin. “La incertidumbre crea ansiedad y obliga a los países a tomar partido”.
Hace casi tres años, el Grupo de 20 naciones creó el llamado “marco común”, cuyo supuesto objetivo es ofrecer un modelo de lo que ocurre cuando los países quedan sumidos en la insolvencia. Los gobiernos, acreedores privados e instituciones como el FMI deben coordinar la reestructuración de las deudas, de tal forma que las naciones sin recursos suficientes logren efectuar sus siguientes pagos.
El problema es que el FMI, por defecto, es el árbitro de los términos. Como el gobierno chino no está dispuesto a aceptar, el sistema por lo regular se traba.
“Hay nuevos acreedores que quieren que su voz cuente para definir cuáles deben ser las reglas del juego”, explicó Daniel Munevar, experto en deuda soberana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra.
Las inquietudes típicas de las personas comunes y corrientes en las naciones adeudadas “no se ven por ningún lado”, añadió Munevar. Más bien, se pierden en negociaciones de gran contenido político basadas en los intereses de los acreedores.
En Surinam, quienes pagan los costos son las familias de lugares como el barrio Sunny Point, al sur de la capital.
Mametoen Misiedjan, de 26 años, se mudó con su hija de cuatro meses a la casa de concreto de dos recámaras de su suegra, donde viven sus tres cuñadas con ocho hijos. Los niños jugaban en la tierra, al lado de una zanja en la que fluían aguas negras.
Recién se había mudado, porque se hizo imposible pagar la renta de su casa.
Peter S. Goodman Periodista y autor estadounidense de economía.
