Bolivia enfrenta un margen de tiempo cada vez más reducido para iniciar la producción de litio a escala industrial y que, por ello, el nuevo gobierno debe mantener y adecuar los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas de Rusia y China.
Así lo plantearon en Piedra, Papel y Tinta de La Razón el abogado especializado en negociación y arbitraje internacional Ernesto Rossell y el experto en desarrollo de negocios de litio, minería y petróleo y gas Andrés Brockmann.
Brockmann, explicó que la llamada “ventana de oportunidad” para que Bolivia se incorpore competitivamente al mercado mundial se hace estrecho. Esto se debe al avance de reciclaje de baterías, la entrada de nuevos proyectos globales y el desarrollo de tecnologías alternativas como las baterías de sodio.
“Yo creo que ambos tienen que seguir adecuándose a la nueva ley (de litio) que tiene que estar en función de lo que dicte los legisladores”, sostuvo. Sobre todo, dijo, enfocándose en los intereses para Potosí, Oruro y las comunidades aledañas al Salar de Uyuni.
Durante la campaña del presidente Rodrigo Paz, se prometió que se romperían los contratos con ambas empresas. Sobre esto, Rosell aseguró que estas declaraciones generan una señal riesgosa para cualquier inversionista extranjero. Añadió que el país debe evaluar qué conviene económicamente antes de dar señales políticas negativas.
Nueva ley
Entre 2023 y 2024 el Gobierno firmó contratos con la empresa rusa Uranium One Group y la firma china Hong Kong CBC para implementar la Extracción Directa del Litio (EDL).
Rossell añadió que ambas empresas son las más importantes y consolidadas en cuanto a baterías. “Entonces, pienso que estamos todavía bajo esa lupa. Con la oportunidad de hacer las cosas bien, de conversar, de ver cuáles son los elementos que le convienen al país”, agregó. Añadió que Bolivia debe evaluar qué conviene económicamente antes de dar señales políticas negativas.
Ambos coincidieron en que los contratos deben adecuarse a una nueva Ley de Evaporíticos, pero que no deberían anularse, porque eso implicaría empezar de cero en el sector.
Contratos
Este año, el tratamiento de los contratos fue suspendido en febrero y volvió a la agenda de la Asamblea en julio. Sin embargo, ninguno de los dos documentos obtuvo aún luz verde en el Legislativo debido a las observaciones de parte de organizaciones sociales, instituciones y actores políticos, principalmente del departamento de Potosí.
Brockmann señaló que Bolivia compite con Chile y Argentina por atraer inversión extrajera. Por ello, cualquier retraso puede hacer que las empresas interesadas decidan apostar por otros salares.
En su criterio, si, por ejemplo, mañana se aprobase una ley y se validan las contrataciones, la primera producción industrial se vería entre 36 y 48 meses. Esto se debe a que la declaración del impacto ambiental demora entre 6 y 12 meses. La ingeniería y compra de equipos entre 9 y 18 meses. La construcción de la planta conlleva de 9 a 18 meses. Finalmente, también se deben tomar en cuenta los estudios hidrológicos y de reinyección.
Rossell sostuvo que una Ley de Evaporíticos podría dar un marco más claro. Sin embargo, debe ser diseñada considerando la complejidad del sector, la participación de comunidades, gobernaciones y universidades, además de las particularidades de las inversiones internacionales.
Sobre la disputa tecnológica heredada entre las piscinas de evaporación del gobierno de Evo Morales y la EDL impulsada por Luis Arce, Brockmann señaló que el tipo de salmuera de Uyuni dificulta el uso de piscinas y que la otra tecnología es la vía más eficiente. Sin embargo, planteó diferenciar entre lo que debe descartarse y lo que puede rescatarse de inversiones previas.
Ayer, según Ganfeng Lithium Group, se anticipó que la demanda global de litio crecerá entre 30% y 40% para 2026. Mientras que para la empresa Lifthium Energy el mercado del litio crecerá un 20% anual hasta 2030.
