El caso Fondo Indígena (Fondioc), uno de los mayores escándalos de corrupción de la gestión de Evo Morales, tiene un nuevo implicado: el expresidente Luis Arce, quien ha sido aprehendido durante la tarde del miércoles.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta, los abogados constitucionalistas Silvia Salame y Franklin Gutiérrez cuestionaron la celeridad con la que se estaba actuando en el proceso de Arce, quien fue aprehendido el mismo día en el que se mandó la orden, algo poco común en el sistema de justicia del país.
“En primer lugar, yo vi bastante este proceso y recuerdo que no estaba el presidente Arce (…) ¿Por qué después de 15 años recién se dan cuenta que Arce Catacora implicado? ¿Por qué se lo detiene de esa forma que se lo ha detenido? ¿Acaso no deberían haberle enviado una notificación para que se presente?”, cuestionó Salame.
El caso tiene su origen en el 2009, cuando Arce ejercía como ministro de Economía, durante el gobierno de Morales. En 2015, la Contraloría General del Estado informó sobre un desfalco millonario entre 2009 y 2014. Además de la existencia de irregularidades en proyectos del fondo, en los cuales estaban involucrados dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de otras organizaciones sociales.
Un caso con ‘tintes políticos’
Para Gutiérrez, este caso está vinculado al poder político desde sus inicios. Esto debido a la cercanía que tenía el entonces partido oficialista a las organizaciones sociales.
“El MAS se preguntó ‘¿Qué hago para mantener el apoyo de las organizaciones sociales?’ Ahí nacen este tipo de fondos. Les digo: ‘Va a haber plata para que trabajen ustedes’, trabajen el dinero, hagan proyectos y háganse asesorar bien (…) Es complejo, pero estas organizaciones sociales, yo creo, bueno, se les ha dado mucho poder a quienes no sabían cómo manejarlo”, afirmó Gutiérrez.
Según Salame, si bien la detención de Arce es “jurídicamente sustentable”, demuestra el actuar de la justicia en relación al poder político. “Estamos viendo que el Ministerio Público sigue actuando de acuerdo a quien está en el poder”, indicó la jurista.
Por su parte Gutiérrez señaló que tanto el Ministerio Público como la Policía son órganos represivos y que es “lógico” que actúen bajo la voluntad del gobierno de turno.
¿Es viable que Evo Morales sea vinculado al proceso?
Después de la aprehensión de Arce, ministros, asambleístas y otros actores políticos pidieron la investigación del expresidente Evo Morales, pues el escándalo surgió durante su gestión de gobierno.
Esto dividió las opiniones de Salame y Gutiérrez. Para el jurista, la declaración de Morales podría ayudar a profundizar y aclarar el caso, además de develar a los demás implicados. Sin embargo, la también exsenadora explicó que la implicación del expresidente podría modificar el proceso para otros involucrados.
“Yo no lo convocaría a Morales, porque el derecho de Evo Morales al juicio de responsabilidades, arrastraría a los otros. Yo incluso, incluso, ni siquiera lo hubiera puesto en el mismo proceso de hace más de diez años. Yo hubiera hecho otro proceso para el tema de Arce Catacora. No me parece una buena idea el sumarlos, porque puede beneficiar a otros que están en el mismo proceso”, aseguró Salame.
¿Arce puede ser beneficiado por un juicio de responsabilidades?
Gutiérrez señaló que todavía es pronto para descartar la posibilidad de que Arce sea sometido a un juicio de responsabilidades, pues si en la investigación se demuestra que el delito fue cometido antes del 8 de octubre del 2010, sería juzgado por la Ley 2445, que lo beneficiaría con el juicio de responsabilidades.
La Ley 2445 de 2003 establece el régimen para los Juicios de Responsabilidad contra altas autoridades del Estado, incluidos ministros. Sin embargo, en 2010 fue promulgada la Ley 044, que excluía a los ministros y exministros de ser sometidos a un juicio de responsabilidades y estipulaba que estos debían ser juzgados por la justicia ordinaria.
Finalmente Salame, señaló que las investigaciones deben ser realizadas no solo por un equipo especializado de abogados, sino también de un grupo de auditores de “un alto nivel y formación”.
