«La Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la estabilidad laboral. Al eliminar los ítems y buscar que los afectados vuelvan bajo contratos se está vulnerando ese derecho», explicó a La Razón Fernando Mendoza, técnico laborista del ministerio.
No obstante, aseguró que no es posible intervenir en la situación. «Si ese centro está bajo las leyes 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y 2028 (Ley de Municipalidades), no nos corresponde intervenir», explicó el técnico.
El director de Cultura del municipio alteño, Luis Carrión, argumentó la medida señalando que los profesores de planta terminaban su trabajo en noviembre o incluso antes y después (diciembre, enero, febrero y marzo) «todo era una vacación. Casi medio año ganaban sueldos sin trabajar, así que se ha visto la manera de rescatar ese dinero para otras cosas (…). No hay que malgastar el dinero».
La autoridad aseguró que los docentes, despedidos tras la eliminación de sus ítems, serían reincorporados bajo contratos. Sin embargo, el director de la institución, Claudio Álvarez, no garantizó ello, pues indicó que las nuevas contrataciones se harán mediante convocatoria pública.
A decir de Mendoza, los profesores afectados pueden acudir al Defensor del Pueblo, instancia responsable de ayudar a los ciudadanos frente al Estado. Desde el Ministerio de Culturas se señaló que la entidad no tiene tuición sobre la escuela, la cual forma a niños y jóvenes en danza clásica, danza folklórica, artes plásticas, cine, música clásica, folklórica y moderna.
