«El principal hundimiento en la cúspide del Cerro Rico se agravó recientemente, llegando a un radio de 38 metros y a una profundidad de 30 metros», aseguró Lourdes Tapia Montecinos, coordinadora de Lidema en Potosí. El 25 de enero, se supo que el hundimiento tenía un diámetro de 17 metros y una profundidad de 22. El gobernador potosino, Félix González, pidió entonces declarar al cerro en emergencia.
El gerente regional de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Gabriel Arancibia, negó ayer la denuncia y rechazó que el sifonamiento haya crecido.
Montecinos recordó que el Decreto Supremo 27787 prohíbe la extracción de mineral entre los niveles 4.400 y 4.700 de la montaña y sostuvo que el mismo «ha sido totalmente vulnerado debido a la irresponsabilidad de los mineros y autoridades de Comibol que han permitido dicha situación, ya que muchas minas que estaban tapiadas han sido abiertas de nuevo para su explotación».
De su lado, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, aseguró que «más que los mineros, es la oficina potosina de Comibol la que tiene responsabilidad. Las autoridades continúan entregando permisos y contratos para que las empresas trabajen en el cerro, incluso en niveles en los que no se debería ingresar».
A decir de Arancibia, su despacho no da permisos de explotación ni suscribe contratos. Las solicitudes en ese sentido, acotó, se reciben en la oficina central de Comibol (La Paz).
El viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova, indicó el 11 de abril que un total de 138 hundimientos carcomen la estructura del cerro, fruto de la minería y factores climáticos. Un día después, el Ministerio de Culturas anunció la visita al país, entre el 24 y 27 de mayo, de geólogos de la Unesco para definir un plan de acción al respecto.
Debido a la situación, Comcipo y la Central Obrera Departamental presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público por el deterioro de la cúspide del Cerro Rico en contra de Arancibia, el abogado de la entidad, Antonio Santos Orellana, y el funcionario Jesús Odilón Cardozo.
Según Condori, se dejó constancia en la Fiscalía que el ente cívico culpa a autoridades del Ministerio de Minería y Comibol por cualquier desastre que ocurra en el lugar. Arancibia aseguró que la demanda es promovida por un empresario al que se le retiró el permiso de explotación por incumplimiento. Comibol, afirmó, invirtió más de Bs 45.000 en reforzar el sifonamiento de la cima y así evitar que éste se agrande.
Desde Culturas se señaló que se publicaría una respuesta a las denuncias de Lidema y Comcipo en el sitio web de la institución. No obstante, ello no ocurrió hasta el cierre de esta edición.
