La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Culturas tiene registrados más de 547 patrimonios nacionales, entre materiales e inmateriales. Sin embargo, todos ellos están bajo el control directo de municipios y gobernaciones.
De esa cifra, alrededor del 80% corresponde a construcciones de diversos tipos y épocas. Los saberes de pueblos originarios, festividades, así como los usos y costumbres llegan al 7%. El porcentaje restante está integrado por patrimonios naturales.
Sin embargo, la cantidad de patrimonios intangibles se incrementa cada año. Según Dolores Charaly, funcionaria de la Unidad de Patrimonio Inmaterial de Culturas, se tienen registrados 40 legados de ese tipo y más de 100 están en proceso.
«Cada comunidad, municipio y gobernación tiene una fiesta, costumbre o un saber que considera debe ser registrado como un patrimonio nacional. Nuestro deber es determinar si el mismo realmente clasifica para esta distinción», explicó.
Los gobiernos locales son los que inician la mayoría de los trámites para que un legado sea reconocido como tal. Aunque el ministerio tiene autoridad para hacer lo mismo, al momento de trabajar en la preservación, es el municipio o gobernación la instancia con tuición para intervenir y administrar un patrimonio.
A decir del arqueólogo Marcos Michel, titular de la Dirección de Patrimonio, el papel de Culturas consiste en dar apoyo a los gobiernos locales, canalizar recursos provenientes de la cooperación nacional y extranjera y fiscalizar la administración.
«No es una situación nueva. Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular (1994) se traspasó esta responsabilidad (el manejo directo) a los municipios, comunidades y gobernaciones. Ello se confirmó con la Ley de Autonomías», agregó.
La situación obliga, en caso de conflicto, a que el Gobierno central dialogue con diferentes actores para asumir cierta medida. Tal el caso de sitios como Tiwanaku, el Cerro Rico de Potosí, las iglesias coloniales y Samaipata, entre otros.
Bajo la actual normativa, las iniciativas de conservación e investigación deben partir de las poblaciones donde existan patrimonios. Una vez presentados los proyectos, es responsabilidad del ministerio gestionar el financiamiento y verificar que los cronogramas se cumplan.
Contradictoriamente, fueron las autoridades del municipio de Curahuara de Carangas (Oruro), quienes gestionaron el dinero para la restauración de su iglesia colonial. Conseguido esto, acudieron al ministerio para solicitar autorización para iniciar los trabajos de refacción en el monumento nacional.
No obstante, el tener que negociar con los gobiernos locales o comunidades puede representar un problema para la conservación del sitio. Un ejemplo de ello es Tiwanaku, lugar en el que se impidió la evaluación de las piezas arqueológicas del complejo y se exigió la presencia de la ministra Elizabeth Salguero.
Actualmente, Culturas ve prioritaria la preservación de Tiwanaku y del Cerro Rico. Ambos patrimonios de la humanidad se encuentran en peligro por diversos factores y los esfuerzos se enfocan hacia ellos.
No son los únicos espacios en riesgo, pero en los últimos 200 años el complejo y la montaña fueron el foco de atención de las políticas culturales del Estado, descuidando monumentos nacionales como el Fuerte de Samaipata (Santa Cruz).
Estos restos del Imperio Inca peligran por su ubicación a la intemperie en un espacio geográfico húmedo. Así, hay miles de espacios que han sido menospreciados por las autoridades que ahora buscan la manera de reivindicarse, admitió Michel.
Por ello, anunció, se está trabajando en un proyecto de Ley de Patrimonio que, entre otras cosas, cambiará el enfoque actual y permitirá que el ministerio amplíe su campo de acción.
Asimismo, añadió la autoridad, se trabaja en la implementación de un Sistema Nacional de Registro de Patrimonio. Se tiene previsto que el mismo esté listo en el mes de octubre.
