Con la promulgación de la ley que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial a la diablada, ya son seis danzas folklóricas las que gozan de este estatus. La iniciativa partió del Ministerio de Culturas y tuvo apoyo de algunos asambleístas para convertirse en proyecto de ley, según comentó Javier Escalier, responsable de Festividades y Encuentros de dicho ministerio.
El 14 de junio de este año, el presidente Evo Morales firmó la declaración como patrimonio nacional de cinco danzas paceñas: la llamerada, la kullawada, la morenada, los caporales y la saya afroboliviana, tras aprobarse el proyecto que había sido presentado por el diputado Alejandro Zapata. «A partir de esto, surgió la necesidad y la demanda ciudadana del departamento de Oruro para que la diablada fuera también nombrada patrimonio nacional; lamentablemente, los asambleístas no se pusieron de acuerdo al momento de formular la declaración», indicó Escalier.
Por ese motivo, la ministra Elizabeth Salguero decidió emprender esta causa y activar el caso, de modo que el 17 de junio mandó a la Asamblea Legislativa la solicitud respectiva, con el correspondiente informe realizado por la Unidad de Patrimonio y Catalogación del ministerio, lo cual, con el apoyo de asambleístas como René Óscar Martínez y Andrés Agustín Vilca, entre otros, culminó con la firma de la ley, el martes en el Palacio de Gobierno.
Tal como explica Javier Escalier, la declaratoria conlleva la protección de la danza a nivel regional, «principalmente ante la amenaza de usurpación, apropiación indebida por parte de los países vecinos». En los hechos, la ley establece que los gobiernos municipales y departamentales deben encargarse de la promoción de las danzas, mientras que al Gobierno central, a través de su cabeza de sector, que es el Ministerio de Culturas, le toca todo lo referido a políticas culturales que incentiven y protejan esas danzas, así como su catalogación y registro.
En este sentido, que las danzas hayan sido declaradas Patrimonio Intangible por la Unesco, como parte del Carnaval de Oruro, no implica que la declaratoria nacional sea redundante, pues al ser ley estatal, conlleva responsabilidades para los distintos niveles de gobierno en la defensa, registro, revaloración y difusión de las expresiones culturales de Bolivia. Por tanto, «esta iniciativa tiene connotaciones distintas a la declaratoria realizada por la Unesco», insistió Escalier.
