El director de la Unidad de Patrimonio de la cartera cultural, Marcos Michel, indicó que esta norma, vigente desde el 12 de julio, “regula los trabajos de las empresas privadas y públicas que trabajan con remoción de tierras y otras obras que ahora deben contratar los servicios de arqueólogos profesionales para conservar y proteger el patrimonio arqueológico” en los sitios donde se investiga.
La autoridad agregó que “de esta forma se actualiza e impulsa la gestión del patrimonio arqueológico, dando curso a un gran número de proyectos que no tenían autorización por falta de reglamentación” anterior.
Sin embargo, a pesar de que reconoce la necesidad de un reglamento para controlar la actividad arqueológica, Carlos Lémuz Aguirre, presidente de la Sociedad de Arqueología de La Paz, considera que la norma “frena las investigaciones arqueológicas, tiene contradicciones y no llega a buenos términos con todos sus actores porque debe ajustarse en especial con las competencias del Gobierno y la parte de la difusión”.
En este sentido, Lémuz reveló que su institución solicitó una reunión con las autoridades del Ministerio de Culturas para realizar ajustes al reglamento. El arqueólogo además reclamó que no se tomó en cuenta el aporte de los profesionales del área, ni de las instancias de investigación de la UMSA, ni las instancias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Por su parte, Michel aseguró que Lémuz sí participó de los trabajos de elaboración, así como profesionales del ministerio y el arqueólogo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcelo Ticona. “Contamos con las opiniones por escrito de la Sociedad de Arqueología de La Paz, Sociedad Hallazgos, Museo Antropológico de Cochabamba. Las gobernaciones y municipios todavía no emitieron criterio”, explicó en una nota escrita.
Asimismo, el Director de Patrimonio garantizó que la norma no afectará a otras actividades, como la del turismo, ya que se centra en impulsar “la gestión integral del patrimonio arqueológico de manera profesional y responsable”.
El reglamento indica que tendrán que solicitar permiso todas las personas e instituciones que pretendan desarrollar actividades de construcción de cualquier tipo; excavaciones, investigaciones o registros y la difusión de los mismos, sea en medios o en museos.
No existe un registro nacional de los sitios arqueológicos del país. Michel justificó este vacío debido a la presencia de una gran cantidad de estas localidades y a la ausencia de los suficientes profesionales y carreras.
Para Lémuz, esto produce que los yacimientos sean vulnerables y carezcan de una protección adecuada. Tal es el caso de Tiwanaku, cuyos restos se encuentran desprotegidos ante el clima y por las deficiencias de los dos repositorios existentes en el municipio. Michel agregó que “todos los sitios son vulnerables” y el reglamento es uno de los pasos para garantizar su protección.
Misión de la Unesco evalúa Tiwanaku
La misión de la Unesco que llegó ayer se encuentra reunida a puerta cerrada con profesionales bolivianos en el municipio de Tiwanaku. El objetivo de los expertos es evaluar la situación del complejo arqueológico, las piezas, el estado de los museos del municipio y colaborar en la elección del director de complejo arqueológico.
