Inmigrantes hispanos de todo Estados Unidos acudían este miércoles para una concentración ante el Congreso, que se dispone a debatir una ansiada reforma migratoria de la que pende el destino legal de más de 11 millones de indocumentados.
Tras casi una década de intentos fallidos, republicanos y demócratas parecen estar a punto de lograr una solución bipartidista que daría un vuelco sin precedentes al sistema de inmigración en el país.
Si el proyecto, actualmente negociado por un puñado de legisladores de ambos partidos en las dos cámaras del Congreso, es aprobado, podría significar también un refuerzo del peso de los hispanos a largo plazo.
Ocho senadores, cuatro republicanos y cuatro demócratas, se encuentran finalizando los detalles del proyecto de ley, según fuentes legislativas consultadas por la AFP.
El proyecto contendría una propuesta de legalización para los indocumentados, una completa refundación del sistema de inmigración, que privilegiaría los intereses económicos del país, con cuotas de trabajadores por sectores, y finalmente, una serie de objetivos en cuanto a la seguridad fronteriza de cumplimiento obligatorio.
«Somos optimistas de que seremos capaces de introducir legislación dentro de poco», explicó una fuente del Congreso en un correo electrónico enviado el martes por la noche a la AFP.
Estos ocho senadores, que han liderado las negociaciones en su cámara desde febrero, podrían presentar su proyecto entre este jueves y la semana que viene.
Una audiencia para marcar el inicio del debate podría tener lugar el miércoles 17, informaron fuentes de la oficina del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, dirigido por el demócrata Patrick Leahy.
«Es bueno que senadores y el público dispongan de semanas para estudiar la propuesta antes de que el comité de Asuntos Judiciales abra el periodo de enmiendas», declaró por su parte Alex Burgos, un portavoz del senador republicano hispano Marco Rubio.
Decenas de miles de personas, convocadas por un centenar de organizaciones, eran esperadas este miércoles a partir de las 15H00 (19H00 GMT) en el Capitolio de Washington, para pedir sobre todo una vía clara de ciudadanía para los indocumentados.
Aunque las negociaciones seguían abiertas en el grupo de ocho senadores, una posibilidad de acuerdo, filtrada por medios de prensa, podría consistir en un plazo de diez años para legalizar a los indocumentados, y luego tres años más de espera para lograr la ciudadanía.
De los 11,5 millones de ilegales en el país, dos tercios aproximadamente son de origen hispano, ya de por sí la primera minoría estadounidense, con un peso electoral clave.
La ciudadanía para los indocumentados es un escollo importante entre los sectores políticos más conservadores del Partido Republicano y los demócratas, pero no el único.
La seguridad en la frontera con México ha sido el gran argumento de senadores y gobernadores republicanos de los estados sureños para paralizar la reforma integral desde su último y sonado fracaso en 2007.
Estados Unidos deporta al año más de 400.000 personas, una cifra récord, y el nivel de aprehensiones ha caído un 50% desde 2008 (365.000 personas el año pasado).
La frontera sur nunca ha estado más segura, alega el gobierno de Barack Obama, que ha hecho de la reforma migratoria uno de sus grandes proyectos para su segundo mandato.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que no tiene otra forma de medir claramente la seguridad en la frontera que las cifras de detenidos o la cantidad de droga incautada.
En el apartado de las cuotas de trabajadores temporales, empresarios y sindicatos alcanzaron hace diez días un acuerdo para autorizar hasta un máximo de 200.000 visas al año para los sectores de baja cualificación.
Las negociaciones continúan en lo que respecta al sector agrícola y los inmigrantes altamente cualificados.
