— ¿Con qué instituciones se ha debatido el proyecto de ley?
— El proyecto de Ley del Cine ha sido encomendado por el Consejo Nacional del Cine (Conacine) para su elaboración y su socialización. Este consejo lo constituyen, entre otras instituciones, el Ministerio de Culturas, la Cancillería y la Cinemateca, además de Asocine, de empresarios vinculados al cine.
— Entonces, ¿la Cinemateca sí participó de su elaboración?
— Claro, y me llama la atención las últimas declaraciones porque siendo parte del Conacine, la Cinemateca conocía perfectamente los artículos vinculados a su institucionalidad; su directorio formaba parte de este proyecto y estos artículos no se han modificado durante dos años que se lleva discutiendo el proyecto como tal.
— Específicamente, ¿el proyecto de ley señala la estatización?
— La ley, vigente desde 1991, dice que el Estado es el único propietario del patrimonio fílmico y archivístico y encomienda a la fundación privada Cinemateca su administración. Ahora, lo que dice este proyecto de ley es que el Estado asume la administración del patrimonio fílmico en lugar de la fundación Cinemateca Boliviana.
— Al respecto, hay un abierto rechazo de la Cinemateca…
— El encargo a la Fundación Cinemateca ha sido producto de una ley (1991). La revisión tiene que ser con otra ley y estamos en el proceso y la Cinemateca, como parte del Conacine, encomienda la elaboración de un proyecto que recoge un artículo sobre su institucionalidad y luego no dice absolutamente nada y no participa de la socialización.
Además, el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (Cefrec) entregó, sobre la base del mismo proyecto de ley, una versión a la Asamblea Legislativa. En ese documento, el artículo vinculado a la Cinemateca tampoco se modifica sustancialmente. Es llamativo que se haya dejado este proceso y no se haya manifestado nada. De alguna manera (en la Cinemateca) se ha subestimado la participación de otros protagonistas del cine y ahora, que el tema alcanza relevancia pública, se plantea el tema en términos de protesta.
— ¿En qué estado está el proyecto de ley?
— Se solicitó, por parte de Asocine-Santa Cruz, la realización de un congreso. El ministerio estudia esa posibilidad. Hay que ver cómo se lo financia. Vamos a hacer el planteamiento al Consejo Nacional de Política Social.
La situación de la Cinemateca es sólo uno de muchos otros puntos que contempla el proyecto de ley. Está el fondo de fomento al cine. Hay una serie de deudas que han quedado pendientes y que hay que encararlas a partir de la nueva norma; la propia constitución del Conacine, que tiene otro tipo de versiones o la creación de una escuela nacional del cine, son los otros aspectos. El centro del debate no es precisamente la Cinemateca, sino una nueva política del audiovisual en Bolivia.
— ¿Y usted desea que la Cinemateca sea parte del proceso?
— La Cinemateca era parte institucional, activa de ese proceso de la elaboración de la ley. Pero creo que sus actuales responsables no son conscientes de aquello o desconocen el proceso.
Perfil
Nombre: Pablo Groux
Nació: 29-06-1968
Profesión: Politólogo
Cargo: Ministro de Culturas y Turismo
Politólogo egresado de la UMSA
Politólogo, graduado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y experto en Comunicación. En 2007 fue designado viceministro; desde ese cargo promovió la creación del Ministerio de Culturas (2009). Un año después dejó esa responsabilidad y fue designado representante de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco).
En 2011 tomó las riendas del ministerio. En los últimos dos años, el portafolio de Culturas promovió varias normativas. Destaca la nueva Ley del Libro Óscar Alfaro. Ahora se gesta la nueva Ley de Cine en el marco de la flamante Constitución.
