En conferencia de prensa, los obispos del país cuestionaron que a seis meses de las investigaciones de los robos en los templos de Copacabana (La Paz) y Tinquipaya (Potosí), no se halle a los culpables y persista la acusación contra sacerdotes.
Monseñor Eugenio Scarpellini, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), aseguró ayer en la ciudad de Cochabamba que los procesos judiciales que se siguen contra los sacerdotes, custodios de los templos, tendrían como guías “intereses políticos y económicos”, antes que la búsqueda de la verdad.
“No prima la búsqueda para establecer los hechos sino los intereses, como el político y económico, con el riesgo de que los implicados se sientan víctimas de persecución política”, agregó. También declaró que “con demasiada facilidad se transforman las víctimas de los robos en sospechosos y culpables, y lamentamos que no se aplique la presunción de inocencia de los mismos”.
Las aseveraciones surgieron ante la falta de resultados de las indagaciones que realiza la Justicia. “Pedimos que la investigación avance cuanto antes y den con los verdaderos culpables de los robos en las iglesias, no sólo en Copacabana, sino en Potosí y otros lugares del país”, indicó el prelado.
Ante estas declaraciones, el ministro de Culturas, Pablo Groux, expuso tres puntos. “Primero, no creo que exista una acusación contra la Iglesia Católica como tal y menos contra sus obispos. Segundo, se trata de investigaciones policiales que han dado como resultado que algún sacerdote ha sido sospechoso. Tercero, hemos planteado a la Iglesia que remita los inventarios de sus bie-nes culturales y patrimoniales que se encuentran en sus templos, mínimamente para que el Estado boliviano cuente con un catálogo en caso de que existan pérdidas y que además se implementen medidas de seguridad; son temas para los que, hasta el día de hoy, yo no encontré respuesta”.
En el caso de Tinquipaya, un cáliz de oro, charolas y cadenas de oro y plata encontrados en la casa del sacerdote Pedro Centellas, hicieron presumir que era el sospechoso de los robos realizados en el templo en enero de 2011. Centellas fue recluido en la penitenciaría de Cantumarca.
En Copacabana, Jesús Cortez, sacerdote del santuario, fue enviado preventivamente al penal de San Pedro porque tuvo contacto telefónico con una de las implicadas en el robo de las joyas de la Virgen, ocurrido en abril.
Para los obispos, los sacerdotes fueron acusados por estar en los templos donde se registraron los robos. “El resguardo sólo es externo, lo aconsejable sería reforzar el interior de los templos. La Iglesia busca la coordinación, pero siempre es respondida en el sentido teórico, no con hechos”, dijo Jesús Juárez, arzobispo de Sucre.
“Mientras la Iglesia no se sume al protocolo propuesto, siempre o casi siempre vamos a tener inventarios desactualizados. No está obligada (a dar datos de las piezas patrimoniales), pero tenemos planteamientos en el proyecto de Ley de Patrimonio”, agregó Groux.
