El proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, que normará la declaración, tenencia y preservación de la herencia nacional, fue aprobado en su estación en grande en la Cámara de Diputados el lunes 14 de abril.
“Esta norma se encargará de determinar los deberes y derechos de los gobiernos regionales respecto al patrimonio que se custodia en su territorio, además de determinar las medidas para la identificación, declaración, protección y restauración”, señaló a La Razón el ministro de Culturas, Pablo Groux.
Según se explica en el periódico digital Oxígeno, la ley precisa que su objetivo es “poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano”.
Uno de los puntos principales, recalcó el ministro, es la definición de la jerarquía normativa entre los distintos niveles de gobierno (indígena, municipal, departamental y estatal). Esto, aseguró Groux, es vital “para poder hacer seguimiento al estado en que están los sitios patrimoniales y gestionar los trabajos para su conservación”.
La norma establece un régimen de gestión cultural que determinará que las entidades territoriales autónomas trabajarán coordinando de diferentes formas, según el caso, con el Ministerio de Culturas, órgano rector de la política pública en el rubro.
Asimismo, establecerá un sistema de protección del patrimonio, los procedimientos, estudios y sistemas técnicos que permitirán estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto podrían causar al espacio; esto servirá para ordenar la restauración de un lugar, monumento o pieza.
Para ello se creará el Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (Fonpac), que dependerá del Ministerio de Culturas. Esta oficina gestionará y asignará recursos para la administración y cuidado del la herencia cultural.
Finalmente, la ley permitirá la aplicación de sanciones para delitos que impliquen perjuicios o daños al patrimonio. El artículo 66 del proyecto modificará los artículos 142, 223, 326 y 358 del Código Penal para introducir agravantes en este sentido.
El senador Eugenio Rojas, presidente de la Cámara de Senadores y miembro de la Comisión de Naciones y Pueblos Originarios, indicó que el proyecto debe ser evaluado en detalle en la Cámara Baja, lo que puede llevar unas tres semanas, aproximadamente. La ley tiene seis títulos, en 16 capítulos, 66 artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y una abrogatoria.
