El reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural Boliviano establecerá las competencias específicas de cada una de las instancias involucradas en la gestión, preservación y protección de la heredad nacional, informó el ministro de Culturas, Pablo Groux.
“Tenemos que definir exactamente cuáles son los deberes y derechos de las instituciones, gobiernos y personas que son custodios o están involucrados en el trabajo sobre patrimonio. De esta forma evitaremos problemas y podremos desarrollar estrategias adecuadas”, señaló la autoridad a La Razón.
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó el proyecto normativo el viernes 9, revirtiendo algunas modificaciones implementadas por la Cámara de Diputados, tras la aprobación en su estación “en grande” en abril. Uno de los cambios polémicos fue el que se refiere a la condición de “custodios” de quienes tienen derecho propietario sobre patrimonios, como la Iglesia Católica.
Al respecto, Groux aseguró que no se busca desconocer los derechos de instituciones y privados, sino que lo que se quiere es establecer un sistema que garantice la seguridad de los bienes patrimoniales, sean muebles o inmuebles. “No queremos quitarle a nadie sus derechos. Sin embargo debemos establecer medidas para proteger el patrimonio”, sostuvo el ministro.
Con relación a las observaciones de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Groux indicó que, con el reglamento de la norma, se busca que “esas instituciones que custodian bienes de ese tipo tengan las mínimas medidas de seguridad” y que cumplan con “ciertos deberes” al tener a su cargo piezas que son consideradas patrimonio nacional. De hecho, uno de los objetivos de la nueva ley es mejorar la reacción del Estado en caso de robos —como lo ocurrido en abril del año pasado cuando desconocidos hurtaron el ajuar de la Virgen de Copacabana—, facilitar la repatriación de piezas que se encuentren en otros países y promover la restauración de los bienes.
El ministro remarcó que, tras la promulgación de la norma por parte del presidente Evo Morales —que será en los próximos días— se tienen 120 días para elaborar el reglamento. En este documento igualmente se definirá de dónde se obtendrán recursos para el Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (Fonpac) y las directrices para establecer el sistema de registro y catalogación.
“Uno de los principales requisitos que pide la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) para ayudar con la repatriación de tesoros es que éstos se encuentren debidamente registrados. Con la ley ya podemos obligar a que todos cataloguemos nuestro patrimonio y esto nos brindará las herramientas necesarias para facilitar el regreso de nuestra herencia”, complementó.
