Por falta de pruebas para enjuiciar a los procesados de la investigación sobre el robo de las joyas de la imagen de la Virgen del santuario de Copacabana, el caso se cerró ayer sin culpables. La Fiscalía estableció que “no existe responsabilidad alguna en los religiosos católicos y que no existen suficientes elementos de prueba para enjuiciar a los otros procesados”.
Al conocer los resultados sobre el proceso penal, ayer la Conferencia Episcopal de Bolivia llamó a una conferencia de prensa. “Reconocemos el trabajo investigativo realizado por el Ministerio Público y la valentía de hacer prevalecer la verdad frente a las presiones y amenazas”, señaló el monseñor Eugenio Scarpelli, obispo de la Diócesis de El Alto.
La autoridad religiosa aprovechó la oportunidad para denunciar la presión social que hubo. “Las presiones psicológicas, las amenazas y los hechos de violencia perpetradas por personas motivadas por intereses personales afectaron las primeras actuaciones investigativas del caso”.
En la primera misa del 23 de abril de 2013, una religiosa fue la primera en percatarse del hurto de la corona, el cetro, el canastillo, la corona del Niño Jesús y la media luna, piezas labradas en oro, plata y piedras preciosas en el Santuario de Copacabana. Alertó a las autoridades y al sacerdote que oficiaba la eucaristía.
En el caso hubo ocho sospechosos: cuatro religiosos, un policía y un portero, además de la dueña de un hostal. Scarpelli habló del daño moral ‘irreversible’ que se causó a los religiosos acusados. “Se han afectado derechos fundamentales de personas que, siendo inocentes, han sido perseguidas, calumniadas ante medios de comunicación local, detenidas y cauteladas injustamente”.
El obispo lamentó que se desconozca el paradero de las joyas. “Una vez más, la Administración Pública en nuestro país no ha podido resolver un caso que ha herido el patrimonio cultural y el sentimiento religioso del pueblo”.
