La Unidad de Transparencia de la Caja Nacional de Salud (CNS) recibe un promedio de ocho denuncias “graves” por mes y el 80% fue derivado a la Gerencia General, según el exjefe de esa oficina Marco Silva, quien fue destituido el martes del cargo.
“Por año, la unidad recibía unas 100 (8 por mes) denuncias de corrupción, de irregularidades en licitaciones, compras y acceso a información. Se realizó el seguimiento y se emitió informes a la Gerencia (General) del 80% de los casos; el 20% restante no prosperó por falta de documentos o abandono del denunciante”, dijo Silva.
Agregó que se trata de denuncias “graves” debido al perjuicio a la aseguradora. Entre ellas está la licitación por Bs 77 millones para la compra de insumos médicos, Rayos X, compra de minibuses y su transformación a ambulancias con sobreprecio y otros.
“Se emitió los informes respectivos a Gerencia con las recomendaciones. Sabemos que la dirigencia (de trabajadores) tenía conocimiento de estas irregularidades, pero no hicieron nada”, indicó.
Irregularidad. Al respecto, el ejecutivo nacional de los trabajadores de la Caja (Fensegural), Freddy Puente, quien fue aludido por Silva en el caso de encubrimiento, negó tener conocimiento de los casos y reprochó a Silva no haber derivado directamente las denuncias al Ministerio Público.
Además, mostró documentos de otras denuncias derivadas a la Unidad de Transparencia sobre malversación de fondos, compras irregulares y otros, que “no fueron atendidas” por Silva. “Las denuncias fueron enviadas a los ministerios de Salud, Transparencia y otras instancias, pero no las tomaron en cuenta y menos Silva porque fue recomendado por el expresidente de Directorio”, sostuvo Puente.
Por otro lado, el coordinador de Control Social, Miguel Aranda, entregó un informe sobre las 75 denuncias que registraron este año: casos de pérdidas de activos fijos, cobro de haberes por terceros, tráfico de influencias, acoso laboral y sexual, violencia, y otros.
El Ministerio de Transparencia y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron la intervención a la CNS desde el 1 de este mes. La Razón trató de contactar a la viceministra de Transparencia, Gabriela Veizaga, pero en Comunicación indicaron que no se dará ninguna entrevista.
Trabajadores dan plazo para sacar a corruptos
El ampliado nacional de los trabajadores de la CNS dio un plazo de 90 días hábiles a la comisión que intervendrá la aseguradora para que esclarezca en su totalidad las denuncias e identifique a los funcionarios corruptos para apartarlos.
“El plazo de 90 días es para que nos digan quiénes son los corruptos, con nombre y apellido, porque no permitiremos que nos pongan en la misma bolsa a todos los trabajadores”, declaró Freddy Puente, ejecutivo nacional de los trabajadores. Agregó que se convocó al ampliado del sector ante denuncias de corrupción, y el anuncio de intervención de la COB y el Gobierno a la CNS.
Puente informó que se llegó a esa determinación luego de que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, diera un informe sobre la intervención y las causas. El ampliado también definió garantizar un proceso justo. “Los funcionarios que sean responsables de irregularidades serán procesados de acuerdo con las normativas”.
