Una auditoría de 111 páginas realizada a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB) cuestiona en varios de los 36 puntos al consejo y al presidente de la institución. Este documento cuenta con la réplica de los cuestionados. La Razón tuvo acceso al documento final en el que figuran 36 observaciones. Algunas han sido retiradas, otras modificadas, otras negadas y otras aceptadas.
Una de las observaciones que figura es la doble percepción de recursos por parte de un consejero. Entre las recomendaciones al presidente de la institución está la solicitud a todo el personal y consejo de administración de una declaración jurada.
“También en calidad de declaración jurada, información si suscribieron contratos administrativos con entidades públicas en gestiones en el ejercicio de servidores públicos de la FCBCB”, dice el informe. También se propone coordinar con el consejero la devolución de recursos del Estado.
El presidente de la FCBCB, Homero Carvalho, responde en el documento que “no se acepta la observación ni la recomendación; ya que la Ley del Banco Central en su artículo 81 establece que la Fundación estará dirigida por un consejo de administración compuesto por siete consejeros de reconocido prestigio”.
Cita el estatuto en su artículo 9, que establece que por su asistencia a cada reunión del consejo de administración, los consejeros percibirán una dieta que será fijada de acuerdo a disposiciones legales vigentes. “Los consejeros de la Fundación no son servidores públicos y solo perciben una dieta de acuerdo a su asistencia a las reuniones a tiempo completo y con exclusividad, que los mismos son personalidades del ámbito cultural y éstos siguen desempeñando sus actividades artísticas de manera habitual”.
Otro punto que destaca el informe es el incorrecto proceso de licitación pública para la adquisición de un inmueble para oficinas de secretaría ejecutiva, donde la recomendación es que para futuros casos para la adquisición de inmuebles se aplique la modalidad de ‘contratación por excepción’ para agilizar el proceso.
Carvalho respondió que “se acepta parcialmente la recomendación de aplicar la modalidad de contratación por excepción, únicamente cuando se tenga identificado el inmueble a adquirir previo avalúo técnico y legal del mismo, debiendo aplicarse la modalidad de licitación pública para las contrataciones que no cumplan con este requisito, mientras el marco normativo aplicable no determine algo diferente”.
Por su parte, la auditoría rechaza la explicación e indica que “los comentarios no presentan argumentos válidos para la no aplicación de la modalidad de contratación por excepción, en la adquisición de inmuebles, en razón a que justifican que ante la ausencia del ‘avalúo técnico y legal’ de un inmueble no era posible realizar la compra”. También se cuestiona el trabajo de la profesional que hizo el avalúo del inmueble. La FCBCB aún no colgó el documento en su página web, pero dijo que en los próximos días presentará un resumen del mismo.
