El Gobierno británico estudia endurecer su política sobre inmigración obligando a los extranjeros que lleguen a este país a cumplir un periodo de residencia de cuatro años como condición para poder solicitar algunos beneficios sociales, informó hoy la cadena BBC.
Esta cuestión es clave para el Ejecutivo del primer ministro, el conservador David Cameron, de cara a las negociaciones que ha iniciado en Bruselas para reformar su relación con la Unión Europea.
No obstante, fuentes jurídicas sostienen que la imposición a los inmigrantes de un periodo de residencia violaría la legislación comunitaria, al tiempo que perjudicaría también a un sector de la población nacional.
Al parecer, Londres contempla la posibilidad de que esa medida se aplique a todos los ciudadanos británicos mayores de 18 años que soliciten ayudas sociales, lo que impediría que miles de jóvenes puedan beneficiarse del sistema de bienestar durante esos cuatro años.
Cameron ya advirtió el pasado mes de noviembre de que, en caso de ganar las elecciones generales de mayo, iba a pedir a Bruselas cambios en la política fiscal y de bienestar para reducir la inmigración al Reino Unido.
Tras lograr la mayoría absoluta en aquellos comicios, Londres ha endurecido su posición en esta materia, que considera clave para reformar la UE antes de convocar un referéndum sobre su permanencia en 2017.
El líder británico ha calificado de «razonable» la medida que obligaría a los inmigrantes recién llegados al Reino Unido a residir en este país durante un mínimo de cuatro años para poder pedir ciertos beneficios, como exenciones fiscales o ayudas por los hijos.
En este sentido, Londres presentó ayer un plan para endurecer su política de inmigración, en el que incluyó medidas contra las empresas y particulares que contraten a inmigrantes irregulares.
El Gobierno prevé organizar inspecciones en compañías de construcción, atención domiciliaria y servicios de limpieza con el objetivo de detectar a trabajadores irregulares, unas medidas que se suman a los planes para obligar a los propietarios de inmuebles a expulsar a los inquilinos en situación irregular.
La polémica sobre la inmigración extracomunitaria se ha avivado en las últimas semanas en el país ante los intentos masivos de llegar a las islas británicas por parte de inmigrantes acampados en Calais, cerca de la entrada francesa del eurotúnel.
