Filipinas es el único Estado del mundo con el Vaticano que no ha legalizado el divorcio, lo que fuerza a los cónyuges de matrimonios fallidos a continuar casados o solicitar una anulación, un proceso caro y largo que muchos no se pueden permitir.
Aunque el Partido Gabriela, que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para legalizar el divorcio en 2010, las constantes presiones de la Conferencia Episcopal de Filipinas, extremadamente influyente, han impedido que salga hacia delante.
«El matrimonio es y debería ser un esfuerzo continuo. Si facilitamos el divorcio es menos probable que una pareja intente superar sus diferencias (…) porque va a existir una salida fácil a sus incompatibilidades», mantiene el presidente de la organización eclesiástica, Socrates Villegas.
La reacción es aún más contundente ante el reciente progreso en la Cámara de Representantes de Filipinas de una ley que reconocería el divorcio entre un ciudadano extranjero y un filipino concedido en otro país sin necesidad de un proceso judicial, y que permitiría a este último volver a casase.
«Esto es obra del demonio.(..) Este tipo de leyes van en contra de Dios y son inmorales», dijo en un comunicado el arzobispo de Lipa, Ramon Arguelles.
La Conferencia Episcopal de Filipinas tiene muy clara su postura frente al divorcio, pero las encuestas publicadas en los últimos meses exponen resultados diametralmente opuestos e indican que la sociedad filipina se debate entre la aceptación y el rechazo.
Entretanto, datos facilitados por una representante del Partido de Mujeres Gabriela, Luzviminda Ilagan, apuntan a un notable ascenso de solicitudes de anulación de matrimonio, ya que en 2001 fueron 4.520, y en 2011 se sobrepasaron los 10.500.
Este incremento se produce pese al complicado proceso de anulación, que según varias fuentes consultadas suele tardar entre 3 y 4 años y puede llegar a costar entre 280.000 y 500.000 pesos (de 6.000 a 10.700 dólares), una suma que sólo los filipinos más privilegiados se pueden permitir.
Fue el caso de Ging, una filipina ahora afincada en EEUU que decidió poner fin a su matrimonio y tuvo que alegar incapacidad psicológica de su pareja en la petición de nulidad.
«Nos tuvimos que someter a pruebas psicológicas y testificar en los tribunales. Después de un proceso largo, nos dieron la nulidad matrimonial completa 3 años y medio después», dice a Efe Ging, que prefiere no revelar su apellido para permanecer en el anonimato.
«Sé que soy afortunada, porque con lo difícil que es salir de un matrimonio en mi país, muchos filipinos se ven forzados a seguir casados a pesar de estar en una relación violenta, dañina, y sin ningún tipo de amor», afirma la joven.
Para Isagani Espinosa, un marinero filipino de 46 años, el procedimiento está siendo todavía más largo, puesto que sigue esperando su nulidad matrimonial 10 años después de haberla solicitado.
«Me separé en 2005 y presenté mi solicitud de nulidad matrimonial, y ahora tengo otra pareja con la que me quiero casar pero no puedo porque sigo esperando a que me la concedan», se queja.
«Lo que tengo muy claro es que cuando por fin la consiga, me casaré de nuevo, pero no en Filipinas, por supuesto. Aquí es todo demasiado complicado», apunta Espinosa.
En el Estado con mayor número de católicos de Asia, los únicos que lo tienen más fácil para romper sus matrimonios son los musulmanes, un 11 por ciento de la población, que gracias a una ley especial aprobada en 1977 tienen permitido divorciarse.
