La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió hoy a las autoridades judiciales de Bolivia respetar el secreto profesional de los periodistas y evitar la distorsión de sus funciones al pedirles material obtenido durante la cobertura de conflictos en el país.
En la última jornada de su 72 Asamblea General, celebrada en la Ciudad de México, el organismo indicó que la entrega de materiales obtenidos bajo el principio de secreto de prensa a investigadores supone vulnerar pilares del periodismo como el equilibrio informativo y la neutralidad.
«Los periodistas no pueden constituirse en testigos durante procesos judiciales porque ello los inhibe y obliga a su autocensura en la cobertura de conflictos y otros hechos noticiosos», señala la resolución aprobada hoy por la SIP respecto a Bolivia.
En el país la Fiscalía anunció que pediría información obtenida durante la cobertura de los bloqueos de carreteras en la Ruta La Paz-Oruro realizados por mineros entre el 22 y el 25 de agosto, que dejaron un saldo de seis muertos, entre ellos un alto funcionario de seguridad interna.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que «el secreto de fuente pasa a segundo plano cuando hay que esclarecer un asesinato», contrario a lo que establece la Ley de Imprenta, señaló la SIP en su informe de país.
Durante las protestas, varios equipos de prensa sufrieron el hostigamiento de los manifestantes, amenazas y agresiones físicas que dejaron un saldo de tres camarógrafos y fotógrafos heridos.
La Fiscalía debe terminar las investigaciones para identificar y sancionar a los agresores, pidió el organismo, que denunció una «campaña de descrédito contra el trabajo periodístico» tras los resultados adversos del referendo del 21 de febrero en torno a las aspiraciones del presidente Evo Morales a la reelección.
Puso como ejemplo el caso de la periodista Marianela Montenegro, quien enfrenta un proceso por difamación a raíz de una demanda interpuesta por una exfuncionaria antinarcóticos involucrada en una investigación periodística de la desaparición de 119.800 dólares incautados en 2011 en Cochabamba.
Del 13 al 17 de octubre se celebró en la Ciudad de México la 72 Asamblea General de este organismo.
