Los tribunales militares libaneses juzgan a numerosos civiles, incluso a niños, en procesos en los que no se respetan los derechos del procesado y, en algunos casos, se les tortura para obtener confesiones, se indica en un informe publicado este jueves por Human Rights Watch (HRW).
El documento, titulado «No es el lugar adecuado para nosotros», afirmó que, en muchos casos, en estos procesos militares los detenidos permanecen incomunicados, son interrogados sin la presencia de abogados y los oficiales del Ejército utilizan la intimidación y las represalias contra los activistas.
«Es obvio que los civiles no pueden tener un juicio justo en los tribunales militares ya que no deben ser juzgados por ellos. El Líbano tiene que poner fin a esta práctica», afirmó la subdirectora para Oriente Medio de HRW, Lama Fakih, en un comunicado.
«Los civiles y los niños en particular no deben ser juzgados en los tribunales militares en ninguna circunstancia», recalcó la responsable de HRW, señalando que las sentencias de esas entidades son arbitrarias y casi sin posibilidad de apelación.
Fakih explicó que la estructura de los tribunales militares socava el derecho a un juicio justo, incluido el de ser juzgado por un tribunal competente, independiente, imparcial y en una audiencia pública.
Sus jueces son designados por el ministerio de Defensa, al que están subordinados, y la mayoría no tiene títulos de derecho o formación jurídica.
Además, las organizaciones de derechos humanos y los periodistas no pueden supervisar los juicios sin la aprobación del juez que preside la audiencia.
La Unión para la Protección de Menores en el Líbano señaló que 355 menores fueron juzgados por esos tribunales en 2016, según la ONG.
HRW agregó que, en los últimos años, el fiscal militar presentó cargos contra varios abogados defensores de los derechos humanos y activistas.
Uno de esos casos, citado por HRW, es el de Tamara, que será juzgada este próximo lunes en una corte militar por participar en una protesta.
Este pasado octubre el Parlamento libanés aprobó una ley que establece un Instituto Nacional para los Derechos Humanos, que prevé la creación de un comité para investigar y vigilar el uso de la tortura y los malos tratos en los lugares de detención.
Sin embargo, el Líbano aún no ha aprobado la legislación que penaliza todas las formas de tortura, como exige la convención de la ONU. (26/01/2017)
