La Ley del Aborto de la Ciudad de México cumple 10 años con una cifra de 174.024 interrupciones legales del embarazo y rompiendo los «mitos» defendidos en su momento por los grupos conservadores, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).
Esta norma, aprobada el 24 de abril del 2007 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, legalizó el aborto hasta la semana doce de gestación, convirtiendo a la capital -hasta el día de hoy- en la única región con una legislación semejante.
Desde el mes de la aprobación hasta el 28 de febrero de este año se han practicado 174.024 abortos, la mayoría de ellos (72,5 %) a mujeres de la Ciudad de México. El resto del porcentaje se lo reparten habitantes del aledaño Estado de México (24,1 %) y del resto del país y extranjeras (3,3 %).
Durante este tiempo se han desmontado varios mitos que algunos grupos conservadores presagiaban que ocurrirían, el «más fuerte» de ellos, que iba a haber mujeres que querrían «seis o siete abortos» o que la opción del aborto iba a «ser el método anticonceptivo de todas», afirma a Efe Regina Tamés, directora de Gire.
Sin embargo, el índice de reincidencia, de acuerdo con los datos de la organización , es de un 6,3 %, ya que después de la intervención las mujeres reciben asesoría sobre métodos anticonceptivos.
Además, la cifra de abortos se ha mantenido estable a lo largo de la década y, de hecho, desde el 2013 ha habido una disminución de las cifras año tras año.
Cerca de la mitad de personas que abortaron (47,3 %) tenían entre 18 y 24 años, y el 7,4 % del total era menor de 18 años.
Del total de mujeres, 34,5 % no tenía hijos, el 26,4 % tenía un hijo y el 39,1 % restante era madre de dos hijos o más.
Actualmente, las campañas de los grupos antiaborto continúan haciendo presión para que no se permita la interrupción voluntaria del embarazo.
Para el próximo 28 de abril hay convocada en la capital una «marcha por la vida», para pedir que se detenga el «genocidio prenatal» y contra «la tragedia» que representa el aborto.
Además, asociaciones católicas han promovido este año la campaña «40 días por la vida», invitando a la «oración y el ayuno» frente a clínicas donde se practican abortos.
Pese a esto, el 41,6 % de las mujeres que interrumpió su embarazo se declaró católico y el 4,1 % de ellas cristianas.
Tamés expresa su preocupación por el hecho de que las estrategias de los grupos «antiderechos» se hayan modificado, ya que antes «no se veían manifestaciones en las clínicas privadas y ahora sí».
«Vale la pena analizar por parte del Gobierno de la Ciudad qué estrategia de protección van a tomar para las mujeres que quieran entrar en las clínicas para no ser acosadas», valora.
El Código Penal Federal prevé que la mujer puede interrumpir el embarazo sin ser criminalizada cuando el embarazo es fruto de una violación o cuando está en peligro de muerte la mujer o el producto de la concepción.
Añadido a esto, en el resto de estados mexicanos existen legislaciones dispares que contemplan de dos a cinco supuestos para interrumpir el embarazo.
Al Gire le preocupa la «discriminación» que esto implica, ya que «depende de dónde vivas tienes más o menos derechos», apunta Tamés.
La asociación ya apenas trata casos en la capital, ya que se centran en el resto de estados, donde hay víctimas de violación, incluso niñas, que «todavía tienen que enfrentar problemas y obstáculos para no continuar con el embarazo, pese a que la ley las respalda».
En definitiva, la aprobación de la ley supuso un «cambio radical y fundamental, que salvaguarda las libertades de las mujeres como nunca lo habíamos visto», asegura Tamés.
Aun así, uno de los próximos retos a mediano o largo plazo para el grupo es atender a aquellas que tienen la necesidad de abortar más allá de la semana 12, porque se enteran después o tienen un problema de salud: «El sistema de plazos es muy útil, pero sí deja fuera a otras mujeres», concluye la directora de Gire. (24/04/2017)
