La semana pasada dos noticias causaron justificada conmoción debido a los niveles de violencia implicados en cada caso. El primero ocurrió en España: en 2016 un grupo de cinco amigos, conocidos como “la Manada”, violó colectivamente a una joven de 18 años; además del vejamen, los personajes grabaron su crimen en video y le robaron el teléfono móvil.
Casi dos años después, llegó el fin del juicio a los agresores, pero se les dio una pena leve con relación a la gravedad de su crimen: nueve años. Los jueces argumentaron que la víctima, al no haberse resistido más activamente, había consentido en cierta forma; uno de ellos llegó a decir que en el video no se la veía sufriendo mientras tres personas la penetraban sucesivamente por la boca, la vagina y el ano.
Casi paralelamente, en Bolivia una mujer acudió a los medios de comunicación y a las redes sociales para denunciar que su pareja, un oficial del Ejército, la había golpeado de tal manera que le causó una herida de más de 10 centímetros en la cabeza. La indignación pública se multiplicó al saberse que el Ejército pretendía juzgar al agresor en el marco de su propia justicia, y se incrementó todavía más cuando la Policía arrestó a la víctima debido a que el padre del criminal agresor había presentado una denuncia en contra de ella por mellar la imagen de su hijo.
Con casos como éstos es imposible seguir negando que el patriarcado goza de mejor salud que nunca, y que las mujeres están amenazadas en todos los ámbitos de la sociedad.
