La deuda de 14 proyectos audiovisuales que accedieron a créditos del Consejo Nacional del Cine (Conacine), entre 1998 y 2006, asciende a Bs 16 millones hasta noviembre de la presente gestión, tomando en cuenta los intereses corrientes y la mora.
De acuerdo con la nueva Ley del Cine y Audiovisual Boliviano, sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que espera la promulgación del presidente Evo Morales, estas cintas (ver el cuadro de esta página) deben pasar a engrosar el patrimonio estatal.
El segundo parágrafo de las disposiciones transitorias de la normativa establece que la conciliación de las deudas contractuales emergentes del financiamiento de créditos con el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), del Conacine, se efectuará mediante la cesión y aceptación de las garantías estipuladas sobre derechos de comercialización en favor del Estado.
Según un documento oficial al que accedió La Razón, los 14 proyectos audiovisuales arrastran deudas con el Estado —representado por el Conacine, que con la nueva ley será reemplazado por la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine)— por Bs 6.263.234,54. Los intereses y la mora ascienden a Bs 9.782.011,94, y sumando ambas cifras se tiene Bs 16.045.246,48.
Hay ocho películas culminadas que deben pasar al Estado tras la promulgación de la norma: Los Andes no creen en Dios (Antonio Eguino), American Visa (Juan Carlos Valdivia), Los hijos del último jardín (Jorge Sanjinés), Corazón de Jesús (Marcos Loayza), Di buen día a papá (Verónica Córdova), El atraco (Paolo Agazzi), Faustino Mayta visita a su prima (Roberto Calasich) y Quién mató a la llamita blanca (Rodrigo Bellot). Entre todas suman una deuda de Bs 4.589.098,97, que se dispara a Bs 10.428.879,08 con los intereses hasta noviembre.
En la lista figuran también tres filmes que no lograron hacerse realidad: Moreno sin máscara, de Guillermo Aguirre (fallecido), quien solicitó un préstamo de Bs 27.840,00, suma que con intereses y mora asciende hoy a Bs 180.378,52; Hombre llorando, de la productora Bar Film (Bs 243.600,00 y Bs 1.935.791,76 respectivamente); y No le digas, de Amarcord Producciones (Bs 1.044.000,00 y Bs 2.289.141,70).
Aparte, hay tres proyectos que no son películas en la nómina. Su deuda de capital alcanza a Bs 1.674.135,57, que más los intereses y la mora llega a Bs 5.616.367,40. Son los casos de Acción Ecológica Infantil, de la productora Wallparrimachi, y Kjarkas más allá, de la productora Andean Digital. Mientras Utopia solicitó un préstamo para hacer la serie Tres de nosotras.
El FFC —que estaba en vigente gracias a la Ley del 20 de diciembre de 1991, con la cual se ponía en funcionamiento el Conacine— determinaba que los recursos para audiovisuales serán “otorgados en condiciones de préstamo”.
En el libro Hacia la democratización del cine y el audiovisual boliviano, Demetrio Nina explica: “Durante la primera década de la existencia del FFC, los cineastas lograron devolver los dineros”. El autor fue director del Conacine y publicó el préstamo de los cineastas hasta 2011. Los cineastas y productores que tienen deudas con el Estado son los mismos hasta ahora.
Mela Márquez, quien está a cargo de Amarcord, afirmó que los cineastas hicieron más de 60 acciones para cumplir con estas deudas. Inclusive, complementó que se abrió la posibilidad de acceder a recursos internacionales para saldarlas; sin embargo, dijo que ello no pudo ser posible por la falta de voluntad del Conacine.
