Chizuka Oe y Yoko Ogawa viven juntas desde hace 25 años. Pero cuando intentaron oficializar su unión con una acta de matrimonio en una alcaldía de distrito de Tokio, sabían de antemano que no les dejarían hacerlo.
«Nos dijeron que nuestra unión no podía ser reconocida porque somos dos mujeres», explica Ogawa, a la salida del ayuntamiento del barrio de Nakano, en el oeste de Tokio.
«A varias parejas heterosexuales que estaban a nuestro lado les validaron sus actas de matrimonio sin ningún problema. Pero nosotras, esperamos allí, en vano», cuenta.
Ese rechazo les afecta en la vida cotidiana. En el funeral de la madre de Ogawa, los familiares miraron a su novia con malos ojos. «No sabían nada de ella y no me preguntaron ni quién era. Estaba cansada y triste de tener que explicar que somos una pareja de lesbianas, como una pareja heterosexual ordinaria», dice.
Para ella, está claro, «si existiera un sistema jurídico de matrimonio entre personas del mismo sexo, esto sería más fácil».
Ahora, la pareja se prepara para presentar un recurso ante la Justicia.
Anticonstitucional
Como una docena de parejas homosexuales, Ogawa y Oe planean denunciar el día de San Valentín (14 de febrero) una denuncia por discriminación, con el objetivo de forzar al gobierno a reconocer el matrimonio homosexual.
Los denunciantes, cinco parejas de mujeres y ocho de hombres, esperan una compensación por haberles negado los mismos derechos que a las parejas heterosexuales.
Esperan también que se someta a estudio el sentido que se le ha dado al extracto de la Constitución japonesa, aprobada en 1947, que precisa que «el matrimonio solo puede basarse en el acuerdo de personas de los dos sexos».
Para el gobierno, esto significa que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está «previsto» ni en la Constitución ni en el Código Civil.
Pero para los abogados de los denunciantes y otros expertos jurídicos, nada en el artículo 24 de la Carta Magna prohíbe el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Según ellos, la formulación de 1947 busca únicamente garantizar que ambas partes de la pareja consientan la unión, con el fin de evitar matrimonios forzados, sin el consentimiento de la mujer.
Asimismo, Akiyoshi Miwa, un abogado de los denunciantes, considera que es la no adopción de una ley que autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo lo que es anticonstitucional, pues viola el principio de que «todos los ciudadanos son iguales ante la ley».
Certificados simbólicos
Japón e Italia son los dos únicos países del G7 que no reconocen el matrimonio homosexual, si bien Roma autoriza desde 2016 la unión civil entre personas del mismo sexo.
Sin embargo, históricamente, la sociedad nipona era más bien tolerante para con la homosexualidad, como lo prueban documentos en los que se menciona a samuráis que mantenían relaciones con otros hombres o el hecho de que la homosexualidad sea uno de los temas tratados en las estampas tradicionales (ukiyoe).
Pero, tras la restauración del emperador Meiji, en 1868, y a medida que Japón se iba abriendo a la cultura extranjera, se industrializaba y se modernizaba, se difundieron también los prejuicios occidentales contra la homosexualidad, que perduran en la actualidad, principalmente entre los sectores nacionalistas.
El año pasado, una diputada del Partido Liberal Demócrata (PLD) de Shinzo Abe causó polémica al calificar a los miembros del colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) de ser «improductivos» pues «no pueden tener hijos».
En 2015, el distrito de Shibuya, en Tokio, fue el primero en entregar certificados simbólicos a las parejas del mismo sexo para facilitar algunos trámites administrativos. Otros barrios siguieron su ejemplo.
Gracias a esto, Ogawa pudo firmar, como cualquier miembro de la familia, los formularios cuando su pareja, Chizuka Oe, fue hospitalizada el año pasado. Pero el poder de estos certificados sigue siendo limitado. (13-02-2019)
