Desde el arte suman las críticas al Decreto Supremo 4231 firmado el 7 de mayo. La norma en cuestión señala: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
El lunes 11, Las y Los Narradores Orales Organizados de Bolivia, emitió un pronunciamiento cuyo punto 7 señala: “Exigimos la derogación inmediata de la disposición adicional única del Decreto Supremo 4231 que modifica el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo 4200, en razón que consideramos atentatorio al ejercicio creativo, artístico y a la libre expresión, derecho humano fundamental e inalienable”.
Los narradores orales también hacen un llamado de atención a las autoridades para que “tomen conciencia de que el arte y la cultura son el cuarto pilar fundamental del desarrollo sostenible y el acceso a la cultura es un derecho humano reconocido a nivel mundial”.
Comunicado
El colectivo ARTErias Urbanas también emitió un comunicado en el cual indica que el Decreto 4231 “impone medidas que criminalizan el ejercicio democrático de las artes y el periodismo”. Es más, el grupo inició la campaña #PorUnArteLibre.
Otros artistas se sumaron al rechazo desde sus redes sociales. Por ejemplo, Alejandro Archondo dejó una frase incisiva en su portal de Facebook: “Cuidado que los barbijos se vuelvan mordazas simbólicas (…), el arte es más que algo ‘bonito’. No a la censura, mucho menos a la autocensura. No al DS 4231, sí a la libertad de expresión”.
Acompañó el reclamo con una caricatura de su autoría.
El muralista Javier del Carpio Sempértegui también expresó su rechazo a la norma con una caricatura en la cual grafica el silenciamiento al sector artístico.
La medida del Gobierno generó duras reacciones de parte de instituciones de derechos humanos de Bolivia e internacionales, gremios de periodistas y, especialmente, artistas. Sin embargo, el Gobierno defendió la norma con el argumento de que los afectados son un pequeño grupo que intenta generar desinformación en esta emergencia sanitaria. (13/05/2020)
