En mérito a la trayectoria histórica y laboral, a la actividad sindical, política y cultural de Edgar “Huracán” Ramírez, la Fundación Cultural del Banco Central, la Comibol y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) buscan obtener la condecoración póstuma del “Cóndor de los Andes” para el líder minero.
El “Cóndor de los Andes” es la más alta distinción que da el Estado Plurinacional de Bolivia a personalidades que marcaron o contribuyeron significativamente con al país.
Ramírez falleció en enero a causa de COVID-19. “Desde joven Edgar Ramírez Santiesteban inició como militante comunista defendiendo las causas del proletariado boliviano, la conquista social del sector, fruto de la revolución de 1952. Esta trayectoria sindical la llevó hasta finales de los años 90 del anterior siglo. Pero, también se reconoce su labor como uno de los archivistas más insignes que haya tenido Bolivia”, describe la FCBCB en su pedido por el reconocimiento.
“Su papel trascendental en la recuperación, rescate y luego custodio de los documentos de la minería nacionalizada, serán desde todo punto de vista tareas que se verán para siempre en los edificios construidos gracias al impulso del Archivo Histórico de la Minería Nacional de la COMIBOL, en la ciudad de El Alto, La Paz; estructuras acompañadas por otros edificios a lo largo del país: Oruro, Pulacayo, Potosí y Catavi”, añade el documento.
“Sus aportes a la historia del país se fundamentan en la defensa de los recursos naturales; en este caso de la minería nacionalizada, como patrimonio del pueblo boliviano, fue una de las causas a lo largo de su vida. Defendió a la minería estatal, no sólo desde la militancia política, sino también desde la dirigencia sindical. Siendo uno de los dirigentes más coherentes en esa línea, frente a arremetidas incluso mercantiles de otros frentes políticos, él se opuso a que la minería estatal sea la excusa del saqueo y despilfarro económico”, dice el texto.
Además, las instituciones rescatan la lucha que Ramírez tuvo para con las empresas estatales como patrimonios nacionales.
La solicitud de las instituciones se efectúa en el marco del Decreto Supremo de 18 de abril de 1925, elevado a la categoría de Ley de la República, el 10 de octubre de 1941, reglamentado por la Ley N° 1762, de 5 de marzo de 1997.
