Después de cinco siglos, las corridas de toros podrían quedar desterradas de Ciudad de México por una iniciativa parlamentaria que confronta las tesis del maltrato animal y el derecho de las minorías.
Aunque el debate no es nuevo en esta metrópoli que alberga la plaza de toros más grande del mundo -para 50.000 espectadores-, es la primera vez que el Congreso local vota a favor de prohibir la fiesta brava.
Solo falta una votación en el pleno, sin fecha establecida, tras el aval en diciembre pasado de la Comisión de Bienestar Animal, que al mismo tiempo abrió un diálogo con los afectados.
Equiparando su causa con la de la comunidad LGBTI o por la despenalización del aborto, los taurinos afirman que se vive una «época de respeto a las minorías» y al «libre pensamiento».
«¿Dónde cabe la palabra prohibir?», dice a la AFP Rafael Cué, cronista y miembro de Tauromaquia Mexicana, que reúne a aficionados, criadores, matadores y empresarios taurinos.
Bastión de las corridas en América Latina, Ciudad de México es también un baluarte progresista, pionera en cuestiones como el matrimonio igualitario o el aborto legal, además del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho y trato digno, según la constitución local de 2017.
Tauromaquia Mexicana cuestiona si «poderes públicos» pueden imponer «opciones morales de un grupo de la sociedad al resto de los ciudadanos».
«Se podría, de esta forma, prohibir la interrupción legal del embarazo o del matrimonio igualitario», alegó en un comunicado.
Proponen que las iniciativas que buscan abolir los espectáculos donde los animales reciben maltratos hasta morir sean debatidos desde una perspectiva de «libertades» y no de «gustos, modas o lo políticamente correcto».
Animales, no cosas.
Para el diputado izquierdista Jorge Gaviño, promotor de esas leyes en el Congreso local, el argumento taurino asume que «los animales son cosas» e ignora el «derecho difuso», donde actos como el maltrato en un espacio público impactan a una comunidad.
«A mí me afecta de manera indirecta cuando matan y lesionan a un animal ‘sintiente’ en una plaza pública para diversión. Está afectando mi convivencia en sociedad, entonces tengo la obligación y el derecho de actuar en contra de este supuesto derecho de un tercero minoritario», apunta Gaviño.
Parte del cartel de la temporada capitalina que finalizó el domingo, Juan Pedro Llaguno, torero mexicano de 22 años y nieto de criadores, relata que «muchísimas veces» ha matado animales que conoce desde que nacen, algo que define como «una sensación divina».
«Tener el privilegio de poderlo torear es lo más bonito que hay porque lo conozco desde chiquito y por fin puedo llegar al ruedo con él a crear algo inolvidable, algo inexplicable», comenta a la AFP.
Llaguno subraya que el toro bravo «nace para ser lidiado» y morir en la plaza. «Es la forma de despedirse de la vida dignamente, con el público reconociendo su bravura».
Cuatro estados mexicanos prohíben las corridas: Sonora, Coahuila (norte), Guerrero (sur) y Quintana Roo (sureste). Otros siete las protegen como patrimonio cultural.
Debate regional.
Pero Gaviño, del partido PRD, asevera que «científicamente se puede comprobar» que el animal sufre durante la lidia.
En su defensa, los taurinos también reivindican el valor económico de la industria de bovinos de espectáculo en México: en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80.000 empleos directos y 146.000 indirectos, según datos del sector corroborados por la secretaría de Agricultura.
Gran parte de este derrame se produce en la capital, si bien 80% de los festejos ocurren en pueblos del resto del país, señala Cué.
Aunque abierto a buscar alternativas para quienes dependen de los toros, Gaviño considera inadmisible que «situaciones económicas» trunquen la prohibición.
El debate sobre las corridas se extiende a países de la región como Venezuela, de larga tradición taurina. Jueces prohibieron festejos en dos estados en diciembre y enero, mientras el fiscal general, Tarek William Saab, tilda estos eventos de «matanzas públicas».
También cursa un proyecto de ley que prohibiría espectáculos con maltrato animal.
En junio de 2020, Bogotá decidió prohibir el maltrato y muerte del toro en las corridas. En contraste, el máximo tribunal de Perú rechazó ese mismo año proscribirlas.
