Facebook causó indignación en Estados Unidos por colaborar con la policía en la investigación de un caso de aborto, una actitud que también provocó temores a que la plataforma se convierta en una herramienta para reprimir esta práctica procedimiento.
La ira aumentó cuando se conoció que la red social había entregado a la justicia mensajes que una madre envió para ayudar a su hija a abortar.
Activistas habían advertido precisamente que esto podía pasar tras la controvertida medida de la Corte Suprema estadounidense de revocar el derecho nacional al aborto a finales de junio.
Jessica Burgess, de 41 años, fue acusada de ayudar a su hija de 17 a interrumpir su embarazo en el estado de Nebraska, en el medio oriente del país.
Se enfrenta a cinco cargos. Uno de ellos bajo una ley de 2010 que solo permite abortos hasta las 20 semanas de gestación.
La hija encara tres cargos, entre ellos uno de ocultamiento o abandono de un cadáver.
No obstante, Meta, casa matriz de Facebook, se defendió el martes apuntando que el tribunal de Nebraska «no mencionó el aborto en absoluto» y que ocurrió antes de que la máxima corte anulara la sentencia del caso Roe contra Wade, un caso que concedió el derecho al aborto en Estados Unidos.
«Esa frase parece implicar que ‘si’ las órdenes de registro mencionaran aborto, habría un resultado diferente. Pero por supuesto eso no es cierto», tuiteó Logan Koepke, que investiga el impacto de la tecnología en asuntos como la justicia criminal.
Al ser interrogado sobre la entrega de datos, el gigante de Sillicon Valley señaló a la AFP que colaboran con las peticiones del gobierno cuando «la ley lo requiere».
Las restricciones al aborto en Nebraska se adoptaron años antes de que la Corte Suprema tumbara Roe contra Wade. Unos 16 estados tienen prohibiciones absolutas o límites en las primeras semanas de embarazo en sus jurisdicciones.
Mensajes encriptados
El caso de Nebraska, seguramente, no será el último, según expertos en tecnología.
«Esto seguirá pasándole a compañías que tienen una gran cantidad de información sobre personas a lo largo del país y alrededor del mundo», dijo Alexandra Givens, directora general del Centro para la Democracia y la Tecnología, sin fines de lucro.
Si las empresas reciben una solicitud legal debidamente emitida bajo una ley vigente, hay muchos alicientes para colaborar, explicó.
«Como mínimo, las empresas tienen que asegurarse que insisten en un proceso legal completo, que las órdenes judiciales son específicas y no una expedición de pesca, que las búsquedas se interpretan de forma muy estricta y de que notifican a los usuarios para que estos puedan tratar de oponerse», añadió Givens.
Meta no facilitó a la AFP la orden del tribunal de Nebraska.
En el informe policial se pedía al juez que ordenara a la empresa que no informara a la hija de Burgess sobre la orden de búsqueda de sus mensajes de Facebook.
«Notificar al suscriptor o al cliente de la emisión de esta orden de búsqueda puede resultar en la destrucción o manipulación de pruebas», escribió el detective de la policía Ben McBride.
Los defensores señalaron que, además de no usar los productos de Meta, una forma segura de mantener las comunicaciones de los usuarios fuera de las manos del gobierno es que estuvieran cifradas automáticamente.
WhatsApp, también propiedad de Meta, tiene cifrado de punto a punto, lo que significa que la empresa no tiene acceso a la información, pero ese nivel de protección de la privacidad no es la configuración predeterminada en el mensajero de Facebook.
«La compañía nunca ha dicho que no colaboraría con una solicitud de las fuerzas del orden en una situación relacionada con abortos», dijo Caitlin Seeley George, directora de campaña en el grupo de defensa Fight for the Future.
«Si los usuarios pudieran valerse de la mensajería encriptada, Meta ni siquiera estaría en una posición en que la pudieran compartir información», agregó.
