Calzando un par de chancletas rotas amarradas por un cordón desgastado, el minero clandestino Joao Batista lleva días caminando para salir de la selva amazónica: huye de la operación de las fuerzas de seguridad brasileñas para expulsar a los invasores de la tierra indígena yanomami.
Batista, un hombre enjuto de 61 años, con la piel curtida por el sol, es uno de los miles de «garimpeiros» que están dejando la reserva indígena ante el despliegue de la policía y el ejército.
En este inmenso territorio protegido en el estado de Roraima (norte), los invasores son acusados de desatar una crisis humanitaria.
Líderes indígenas afirman que los buscadores de oro han contaminado el agua de los ríos con mercurio, destruido la selva, violado y asesinado a miembros de su comunidad; además de desencadenar una crisis alimentaria que está devastando a los 30.000 yanomamis del lugar.
Batista pasó los últimos meses trabajando en una mina ilegal o «garimpos». Pero no se considera un criminal. La vida le ha dado pocas alternativas, afirma.
«Mira, yo no fui a la escuela. A mi edad, ¿de qué voy a vivir?», dijo a la AFP mientras recorría un camino de tierra batida en las afueras del pueblo de Alto Alegre.
Todavía le restaban 85 km para llegar a su casa en la capital, Boa Vista.
En la misma dirección, una familia huida de un campamento minero hacía autostop. Una madre de 23 años, su esposo de 15 y sus tres hijos pequeños.
Contrajeron malaria en la selva y estaban muy enfermos para caminar, aseguraron.
«Nuestros niños también están enfermos. Necesito llegar a Boa Vista», dijo el joven padre.
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Mineros en éxodo
Miles de mineros empezaron a huir de la reserva yanomami después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenara la semana pasada una zona de exclusión del espacio aéreo. Impidiendo así la circulación de las avionetas que usan para transportar comida y suministros.
Algunos están emprendiendo la extenuante travesía a pie. Otros, por el río Uraricoera, apiñados en barcos largos y angostos, a veces con hasta 30 pasajeros.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, afirmó el lunes que el gobierno está desplegando más de 500 policías y soldados para expulsar a los mineros; junto a sus cocineras, prostitutas, y otros grupos atraídos hasta la selva por la fiebre del oro.
Las autoridades esperan que para el momento en que la policía empiece a desalojarlos por la fuerza, «por lo menos el 80%» de los 15.000 invasores haya salido por su cuenta.
Como primer paso, la agencia ambiental Ibama informó el miércoles que empezó a destruir bienes confiscados en las minas; incluyendo un helicóptero, una avioneta y una excavadora.
A la vez, la Policía Militar de Roraima lanzó la llamada «Operación Éxodo», para «intensificar» su presencia y prevenir «trastornos» con la población local durante la huida de los «garimpeiros».
La reserva yanomami, mayor territorio indígena de Brasil, es una de las varias reservas que sufrieron una entrada masiva de mineros durante el gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), a quien los ambientalistas acusan de fomentar las invasiones.
La Policía Federal abrió en enero una investigación por posible «genocidio» contra los yanomami tras la publicación de un informe oficial que dio cuenta de la muerte de un centenar de niños menores de cinco años el año pasado por desnutrición y otras causas.
Los ‘verdaderos criminales’
La operación gubernamental ha generado tensiones en la región, que ha visto proliferar una economía en torno a la extracción del oro ilegal.
En el mercado clandestino de Roraima, el gramo de oro se vende a 280 reales (USD 55).
La AFP se cruzó con mineros que cargaban hasta 30 gramos cada uno.
En una estación de servicio local, un piloto de avionetas clandestinas mostró a periodistas un puñado de oro reluciente que había recibido como pago por uno de sus vuelos. Le preocupaba que hubiera sido el último, ya que desde que impusieron la zona de exclusión aérea no ha podido trabajar.
Los locales temen el impacto de un aluvión de nuevos desempleados.
Las autoridades han instado a los invasores a retirarse voluntariamente. Pero Dino prometió procesar a «todos aquellos que cometieron delitos como genocidio, crímenes ambientales, financiación de minería ilegal y lavado de dinero».
A un buscador de oro de 58 años, que pidió ser identificado apenas con el apodo de «Parmalat», le molesta ser tratado como un criminal, mientras delitos como la corrupción suelen quedar impunes, afirma.
«Nos tratan como si no valiéramos nada».
«Somos trabajadores y nos tratan como criminales. Los verdaderos delincuentes no son tratados así», dijo.
