La principal organización patronal de Venezuela, Fedecámaras, anunció hoy que recurrirá a instancias internacionales en contra de las iniciativas del Gobierno que a su juicio atentan contra la propiedad privada, entre ellas la reciente expropiación de instalaciones de la empresa de alimentos Polar.
El presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, dijo que ya se están «dando los primeros pasos» para lograr que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se abra un expediente sobre las iniciativas del Gobierno de Chávez «en contra de la propiedad privada» y se actúe en consecuencia.
También «se harán gestiones» ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) «para denunciar al Gobierno» por lo mismo, ya que «los empresarios tienen que radicalizar su postura de defensa de la propiedad privada y recurrir a todas las instancias», subrayó.
Las indemnizaciones con las cuales el Gobierno debe compensar las expropiaciones que decida «no se están pagando, aunque los afectados, tal vez por temor, no lo digan ni lo hagan público», sostuvo.
Adicionalmente a la denuncia internacional, Fedecámaras recurrirá a los referendos populares para intentar frenar las expropiaciones.
Así lo anunció Elías Bessis, presidente del gremio empresarial en el estado de Lara, donde unas propiedades de Empresas Polar, la mayor compañía de alimentos del país, fueron inicialmente expropiadas por un decreto municipal y ayer por uno presidencial.
«Al ciudadano de Barquisimeto tienen que consultarlo» a través de referendos. «Yo creo que ya basta de tanto abuso de poder», dijo Bessis en declaraciones al diario El Universal.
Al anunciar anoche el decreto presidencial respectivo, Chávez le recomendó al dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, resignarse y no resistirse a la medida.
«No me provoques», le volvió a advertir el mandatario venezolano a Mendoza, debido a que Empresas Polar ya ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para intentar frenar la medida.
El mandatario dijo que firmó este martes «el decreto de adquisición forzosa de cinco lotes de terrenos en la zona industrial» de Barquisimeto, unos 360 kilómetros al oeste de Caracas, entre ellos los de propiedad de Polar, para desarrollar allí sendos proyectos de vivienda popular.
«Con qué moral vas a estar reclamando Mendoza. ¡Quédate tranquilo! (…) que si van (los abogados de la empresa privada) al Tribunal (Supremo) (…) ¡no me provoques!», reiteró el presidente.
Los directivos de Empresas Polar también han denunciado un mal uso de dinero público con la medida, que afecta a unos almacenes que incluyen bodegas del sistema de distribución de la marca Pepsi Cola.
Además de ser una «medida arbitraria, innecesaria e injusta», la expropiación a Polar también evidencia un uso «no eficiente» de los recursos públicos», dijo a mediados del pasado marzo Gustavo Hernández, director de la empresa.
Tras recordar que el déficit de vivienda en Venezuela llega a unos dos millones de casas, Hernández remarcó que «por esa misma razón el Estado tiene que ser muy prudente muy eficiente en la utilización de los recursos públicos, siempre escasos».
Existen otras opciones «más eficientes y menos onerosas» y «lo lógico» es construir en terrenos disponibles en zonas residenciales y terminar casas «a medio construir que están a la espera de recursos para ello», y que en Lara suman unas 4.000, sostuvo.
Incluso, recordó, Polar ofrece en venta al Estado un terreno de su propiedad de 25.000 metros cuadrados y en una zona residencial próxima a la industrial afectada con la medida.
«Desalojar instalaciones productivas tiene un costo mayor», porque en ese caso el Estado debe pagar indemnizaciones por el valor del terreno, de las instalaciones, de los costos de la mudanza y de la nueva construcción, alertó Hernández.
