Una coalición de 14 grupos cívicos de Estados Unidos y 10 individuos presentaron ayer, ante un tribunal federal, una demanda contra las autoridades de Arizona con el objetivo de frenar la Ley SB 1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado. La consideran «anticonstitucional».
La demanda presentada en Phoenix (Arizona), se produce en vísperas de la primera visita oficial a EEUU del presidente mexicano, Felipe Calderón, a partir de este miércoles, y en unos momentos de gran tensión entre ambos países por la ley, promulgada el pasado 23 de abril.
Tanto la ley como la demanda son síntomas de la inacción del Congreso respecto a una reforma migratoria que resuelva el problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos.
«Estamos presentando la demanda de mayor alcance contra esa ley de Arizona… para impedir que jamás entre en vigor», explicó, Lucas Guttentag, director de asuntos migratorios de la Unión de Libertades Civiles de EEUU.
«Esta ley es vergonzosa y antiestadounidense, mina la seguridad y viola la Constitución», denunció Guttentag, al considerar que los cambios efectuados a último minuto no corrigen los daños de la ley.
La Ley SB1070 permite que la Policía detenga a quienes sospeche que son indocumentados y criminaliza a quienes no porten documentos que comprueben su estatus migratorio. Según los activistas, la ley interfiere con la autoridad del Gobierno en asuntos de inmigración y viola una cláusula de la Constitución que establece la «supremacía» de las leyes federales respecto a las estatales; legaliza la discriminación racial, y viola el derecho a la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda.
Exigencias de reforma migratoria
Organizaciones sindicales y religiosas convocaron en Nueva York al acto de desobediencia civil de la ley SB1070 de Arizona y en reclamo de la aprobación de una reforma migratoria.
