El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces en España, dio su visto bueno al juez Baltasar Garzón para que se traslade a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Holanda), donde se ocupará durante siete meses de una consultoría externa de la Fiscalía.
La decisión fue tomada tras estudiar unos informes que había solicitado, después de que Garzón fuese suspendido cautelarmente el pasado viernes ante la apertura de juicio oral contra él, por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (1936-1975).
Según la portavoz de la Corte, Gabriela Bravo, en esos informes la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo —encargado de juzgar a Garzón— y el Ministerio de Asuntos Exteriores dicen que, a pesar de la suspensión, no hay impedimento alguno para que el juez trabaje en La Haya.
Garzón sostuvo ayer en París que «todas las leyes que amparan la impunidad acaban cayendo… no me refiero a ninguna en particular».
La suspensión del magistrado, conocido por casos como el procesamiento al dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, tiene que ver con tres querellas interpuestas en su contra, causas por las que el pasado día 14 el CGPJ le suspendió cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.
