La Asociación Nacional de Jubilados rechaza la administración estatal de sus aportes. Sus afiliados marcharon ayer y piden, en el plazo de 10 días, ser incluidos en el tratamiento de la nueva Ley de Pensiones antes de masificar su medida de presión.
El proyecto de la nueva Ley de Pensiones, elaborado por el Ejecutivo, plantea crear una gestora pública que reemplazará a las actuales administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.
Al menos un centenar de jubilados salieron ayer a las calles de la capital cochabambina. «Hemos ahorrado toda nuestra vida y lo que queremos es, como manda la Constitución, que puedan convocarnos para el tratamiento de la Ley de Pensiones», dijo Carlos Quiroga Blanco, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados.
El dirigente afirmó que «la administración pública es paradigma de la ineficiencia y el maltrato, del clientelismo sindical y la corrupción; ahí esta el ejemplo de Dante Escóbar (acusado de desviar recursos del Fondo Complementario del Seguro Social de la Administración Pública-Focssap)». «Debe haber una gestora privada, queremos tener la opción de dejar nuestro dinero en una gestora privada y los otros que vayan si quieren a la pública», acotó.
El sector dio 10 días para que el Gobierno los convoque al tratamiento de la nueva norma y amenazaron con más movilizaciones. «No defendemos a las AFP, pero no tenemos garantías de que nuestros ahorros no serán confiscados o robados bajo el título de pensión solidaria para gente que nunca aportó», afirmó Blanco.
