A partir de ayer, y por primera vez en España, una mujer no estará obligada a dar explicaciones para abortar hasta la semana 14 de gestación. Casi seis meses después de su aprobación, entró en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y lo hace de la misma forma en que se elaboró: rodeada de polémica.
Tal y como ocurrió hace 25 años con su predecesora —que permitía la interrupción voluntaria del embarazo sólo en tres supuestos—, la nueva normativa aguarda un dictamen del Tribunal Constitucional que, tras admitir un recurso del Partido Popular, decide estos días si, mientras analiza el fondo del asunto, paraliza su aplicación. Con la nueva regulación, el aborto deja de ser un delito despenalizado sólo en algunos supuestos y se convierte, 25 años después, en un derecho.
Pero dejando a un lado la controversia, la nueva ley contribuirá, según los expertos, a frenar el creciente número de abortos en España —115.000 el 2008, según Sanidad; un 3,2% más que el año anterior—. «La información sobre el aborto y los anticonceptivos, así como la venta sin receta de la píldora del día siguiente, conseguirán que bajen los embarazos no deseados», dice Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y uno de los expertos que participó en la elaboración de la ley.
