La ex rehén de las FARC Ingrid Betancourt pidió una reparación al Estado colombiano de 6,5 millones de dólares por daños económicos y morales sufridos durante sus seis años de secuestro, lo que desató una polémica.
Betancourt y sus familiares presentaron el 30 de junio dos solicitudes de conciliación extrajudicial, en las que piden una compensación monetaria por un total de 13.000 millones de pesos (unos 6,5 millones de dólares), reveló ayer el Ministerio de Defensa.
La demanda sostiene que el Estado colombiano falló en garantizarle la seguridad, según extractos del texto legal divulgados por la prensa. Ahora, la Procuraduría debe iniciar un proceso de conciliación entre Ingrid Betancourt, su hermana Astrid, su madre Yolanda Pulecio, y sus hijos Melanie y Lorenzo Delloye, por una parte, y el gobierno de Colombia, por otra.
Es la primera vez que la Procuraduría colombiana recibe una petición de este tipo. La demanda fue de inmediato criticada por funcionarios, dirigentes y gente común en comentarios en los espacios de internet y en la radio.
Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, fue plagiada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en febrero del 2002 y rescatada por una operación de las fuerzas militares colombianas el 2 de julio del 2008.
El Ministerio de Defensa de Colombia se declaró «sorprendido y apesadumbrado» por la solicitud, y recalcó que con la Operación Jaque, que logró su rescate junto con el de tres estadounidenses y once policías y militares colombianos, «mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas arriesgaron su vida» por su libertad.
El vicepresidente Francisco Santos opinó que la solicitud de Betancourt constituye un «precedente funesto» y es «una puñalada a la fuerza pública».
A la vez, el arzobispo de Bogotá, cardenal Pedro Rubiano, consideró que la demanda carece de sentido «porque no fue el Gobierno que la secuestró» y le dijo: «Déle gracias a Dios que está liberada».
Las razones de la demanda
En su demanda, Betancourt responsabilizó a los funcionarios a cargo de la seguridad en la región donde fue secuestrada y pidió citar a 20 testigos, entre ellos varios ex rehenes de las FARC.
El ex gobernador Alan Jara, quien también fue rehén de las FARC y logró la libertad el 2009, fue de los pocos que se abstuvo de cuestionarla.
«Es una decisión individual y particular», dijo Jara, al señalar que tomar acciones de ese tipo «es una posibilidad».
Betancourt, quien para el momento de su secuestro hacía campaña electoral por la presidencia de Colombia, fue secuestrada junto con su asistente Clara Rojas.
