Si bien el número de participantes no podía calcularse por parte de las autoridades locales, Radio Nacional de España (RNE) y el diario barcelonés La Vanguardia calculaban en varios centenares de miles los manifestantes.
La marcha estaba encabezada por un inmensa senyera (bandera catalana) acompañada de los lemas «somos una nación» y «nosotros decidimos» y miles de banderas catalanas e independentistas podían verse a todo lo largo del cortejo. La cabecera tardó casi una hora en poder ponerse en marcha, debido a que el señorial Paseo de Gracia se llenó de gente que no dejaba arrancar la protesta. Los metros se colapsaron, los buses que transportaban gente desde fuera de Barcelona no pudieron acercarse al centro.
Según el alcalde Jordi Hereu, la ciudad está «desbordada», y explicó que le habían dicho que esta manifestación «no tenía precedentes».
«Esta manifestación es el comienzo de la independencia que queremos para nuestro país», Cataluña, dijo a la AFP Jordi Cau, estudiante en medio de la multitud. «Hoy empieza el proceso de la independencia. El objetivo es el que dice el lema: somos una nación y nosotros decidimos», declaró el secretario del partido de izquierda Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Puigcercós. El presidente de Convergencia i Unió (CiU), Artur Mas, se declaró «emocionado» de que «tanta gente» haya ganado la calle para defender «la dignidad de Cataluña».
La manifestación para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional fue organizada por Omnium Cultural, una asociación para la difusión de la cultura, la lengua y la identidad catalanas, cercana a los independentistas, y recibió el apoyo de los principales partidos de la región, salvo de los conservadores del opositor Partido Popular (PP).
El presidente socialista del gobierno autónomo, José Montilla, y sus dos predecesores, el socialista Pasqual Maragall y el nacionalista Jordi Pujol, encabezaban el desfile.
La sentencia del tribunal
La demostración de fuerza tuvo lugar un día después de la confirmación por parte del Tribunal Constitucional español de la sentencia, conocida a finales de junio, que elimina aspectos importantes del nuevo estatuto de autonomía, adoptado el 2006 tras un compromiso entre el Partido Socialista Español (PSOE) y Convergencia i Unió (CiU).
