La ex rehén de la guerrilla de las FARC Ingrid Betancourt, blanco de críticas por su aspiración a recibir una indemnización del Estado colombiano de unos ocho millones de dólares por su secuestro, retiró esa solicitud, informó la Procuraduría.
El trámite de retiro de la solicitud —que Betancourt y su familia formalizaron el pasado 30 de junio— fue hecho por su abogado Gabriel Devis, quien «manifestó que desiste de las acciones administrativas que promovió», señaló la institución en un comunicado.
La Procuraduría precisó que las peticiones de Ingrid Betancourt, su hermana Astrid, su madre Yolanda Pulecio y sus hijos Melanie y Lorenzo Delloye eran superiores a los cerca de ocho millones de dólares, un monto mayor al que se había informado inicialmente.
De ese monto, la política pedía unos tres millones de dólares para ella por los ingresos que dejó de recibir durante los 3.320 días de cautiverio y unos 5,1 millones por los «daños morales y perjuicios» que padeció a causa de su secuestro.
Isnardo Jaimes, procurador delegado para las conciliaciones, explicó que una vez la familia Betancourt formalizó su decisión de desistir al pedido de reparación por parte del Estado «queda cerrada cualquier posibilidad de que intenten en el futuro una conciliación».
Consultado por acciones similares realizadas por otros ex rehenes Jaimes señaló que el caso de Betancourt es único. «No tenemos antecedentes de solicitudes de conciliación».
