La Justicia argentina comenzó a tramitar la denuncia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre la supuesta ilegalidad en la compra de Papel Prensa por parte de los dos principales diarios del país durante la dictadura (1976-1983).
El proceso por el cual los diarios Clarín, La Nación y La Razón —accionista hasta 2000— se adueñaron de la mayoría accionarial de la única fabricante de papel para periódicos de Argentina será investigado por el juez federal en lo Criminal y Correccional Arnaldo Corazza, en La Plata.
El Centro de Información Judicial comunicó que el magistrado delegó la instrucción a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen de facto, unidad coordinada por el fiscal Marcelo Molina.
Corazza tiene a su cargo la investigación de delitos cometidos en centros clandestinos de detención del llamado «Circuito Camps» por los que pasaron miembros de la familia Graiver, principal accionista de Papel Prensa hasta la venta a los diarios acusados.
Habrían hostigado para comprar Papel Prensa
Según asegura el Gobierno, cuando Lidia Papaleo —la viuda del dueño original de Papel Prensa— vendió las acciones de la empresa a los gestores de Clarín, La Nación y La Razón, bajo la última dictadura militar, lo hizo «bajo amenazas» y «no era libre» en su proceder.
Tras la muerte de David Graiver en un accidente aéreo, el 7 de agosto de 1976, tanto Papaleo como varios de sus familiares y de socios del grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las acciones de Papel Prensa, según el informe oficial.
