La mandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha dado un nuevo paso en su batalla contra los medios de comunicación y, sobre todo, contra el grupo Clarín.
El miércoles, en la Casa Rosada, presentó un informe en el que acusa a los periódicos Clarín, La Nación y La Razón de haber comprado, gracias a torturas que la dictadura de Videla infligió a sus anteriores dueños, la empresa que actualmente abastece de papel a 170 diarios de Argentina.
Con la maniobra, los Kirchner convierten a esas cabeceras en cómplices del régimen militar y se reservan para ellos el papel de justicieros que pretenden acabar con las afrentas de un pasado tenebroso.
Tanto Clarín, que tiene hoy el 49% de la papelera, como La Nación, que es dueña del 22% (un 27% corresponde al Estado), han dado otra versión de los hechos. La compra de Papel Prensa a la familia Graiver, afirman, se produjo cinco meses antes de que sus miembros fueran acusados de tener vínculos con los Montoneros.
Persecución. La compra fue legal y pública, se informó de ella y, durante los 27 años de democracia, no ha habido denuncia de que hubiera habido alguna irregularidad. Isidoro Graiver, hermano de David, el dueño de Papel Prensa, ha confirmado que las cosas sucedieron así. La viuda del propietario, Lidia Papaleo, defiende en cambio la versión oficial.
El episodio está lleno de ángulos oscuros si se lo analiza en el contexto del asedio al que los Kirchner tienen sometido al grupo Clarín desde la crisis agraria del 2003.
A partir de entonces, los ataques no han cesado: crearon una ley antimonopolio para debilitarlo (impugnada en los tribunales), les quitaron los derechos de retransmisión del fútbol y, hace poco, cancelaron su licencia como operadora de internet.
El caso de Papel Prensa es un paso más para ahogar las voces críticas, y que muestra la veta cada vez más autoritaria de la pareja, obsesionada por conservar el poder.
