La Policía Federal de México anunció que destituyó este año a 3.200 efectivos, cerca de 10% de su pie de fuerza, por faltas al reglamento o por denuncias que los vinculan con delitos, en momentos en que el país enfrenta una escalada de violencia.
La Policía Federal, que antes de estas destituciones contaba con 34.500 uniformados, es una de las puntas de lanza del operativo de combate al crimen organizado y el narcotráfico lanzado por el presidente Felipe Calderón tras llegar al gobierno en diciembre del 2006 y en el que participan más de 50.000 militares mexicanos .
«Por incumplimiento de los deberes previstos en el reglamento, 3.200 elementos fueron dados de baja», dijo en conferencia de prensa Facundo Rosas, comisionado general de la corporación, dependiente de la secretaría (ministerio) de Seguridad Pública.
Rosas dijo que ninguno de estos policías destituidos logró pasar «controles de confianza», y que incluso 465 de ellos han sido blanco de denuncias como probables responsables de delitos.
Depuración. El jefe policial señaló que se analizan los casos de otros 1.485 policías que podrían sufrir igual suerte, en una próxima etapa del proceso de depuración que se mantiene en la entidad. A todos ellos se les realizará un seguimiento detallado para detectar «si se llegan a comprometer en alguna conducta ilícita», añadió el jefe de la Policía Federal, cuyos efectivos tienen en su mayoría formación militar.
Al llegar al poder, Calderón anunció una ofensiva contra el narcotráfico y desde entonces la violencia ligada a las pugnas entre los cárteles de las drogas ha dejado más de 28.000 muertos, generando una espiral de violencia que la oposición atribuye a una estrategia fallida del Gobierno.
Los principales operativos, como los lanzados contra capos del narcotráfico, han sido confiados por Calderón a unidades del Ejército y la Marina (de guerra). En tanto, el Gobierno, que incluso el 2008 había anunciado la posibilidad de sustituir a la Policía Federal por otro cuerpo, parece haber optado por la reconstrucción de esa institución.
Simultáneamente trata de llegar a un acuerdo con los gobiernos de las 32 entidades (31 estados y el Distrito Federal) para reformar a las policías estatales y municipales que son autónomas y que suman más de 400.000 efectivos en todo el país.
Las instituciones de Policía de México, especialmente las que actúan localmente, son frecuentemente blanco de señalamientos de corrupción y denuncias de vínculos con el narcotráfico y delitos como el secuestro de migrantes. A éstas, se suman denuncias sobre la incompetencia para frenar acciones del crimen organizado ante la espiral de violencia atribuida a los cárteles.
En la última semana, esa violencia se ha concentrado en el noreste del país. El domingo, un alcalde fue asesinado y entre el viernes y el sábado se registraron cinco ataques con explosivos —dos con ellos con coches bomba— contra sedes policiales y un canal de televisión en Tamaulipas.
7 personas mueren en un tiroteo
Choque
Al menos siete muertos, incluido un soldado, y cinco heridos dejó un choque entre militares y narcotraficantes en una ciudad del este de México, vecina al estado de Tamaulipas, escenario la semana pasada de la matanza de 72 migrantes, informó ayer la AFP desde Veracruz. El enfrentamiento, que se prolongó por varias horas, ocurrió en Pánuco, en el estado de Veracruz, según un comunicado del Ejército. Los muertos son seis pistoleros y un militar. Cinco uniformados fueron heridos y seis delincuentes detenidos.
Testigo de la matanza ya está en Ecuador
El único superviviente de la matanza de 72 migrantes en México fue trasladado ayer en la madrugada a Quito en secreto y con grandes medidas de seguridad para evitar que se atente contra su vida, según dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.
La autoridad aseguró que el ecuatoriano, al que la secretaria del migrante, Lorena Escudero, identificó como Luis Freddy Lala Pomavilla, y al que él se refirió sólo como «el ecuatoriano sobreviviente de la masacre de Tamaulipas», tiene la «protección del Gobierno», al igual que su familia.
Señaló que no pueden dar mayores detalles «por lo grave de la situación» y apuntó que Lala «podrá reunirse con los suyos» después del «infierno que vivió» hace unos días en México, a donde llegó para desde allí cruzar a EEUU, donde viven sus padres.
Lala arribó al país a las 2.00 de ayer y su traslado desde México «se hizo bajo la protección del Gobierno ecuatoriano en el avión presidencial y con acompañamiento médico, aunque su condición de salud es estable», informó la Cancillería . El avión, en el que también viajaba el ministro Coordinador de Seguridad, Miguel Carvajal, salió la tarde del domingo de la base naval de la Ciudad de México.
