Las expulsiones de gitanos en Francia, que crearon malestar en la Unión Europea (UE), ilustran cómo las cuestiones de inmigración y seguridad vuelven a estar en el primer plano en un bloque golpeado aún por la crisis económica y con gobiernos debilitados.
Las expulsiones de gitanos, promovidas por el presidente Nicolas Sarkozy, fueron criticadas por la ONU, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea —órgano ejecutivo de la UE— aunque no arrancaron ningún claro reproche de sus homólogos europeos reunidos el jueves en Bruselas.
El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió incluso a su colega francés, al sostener que éste tiene «sus argumentos» para desmantelar los campamentos ilegales de gitanos y expulsarles a sus países de origen, avisando de paso que el «fenómeno» puede extenderse a otros países europeos.
Francia repatrió desde fines de julio a 1.700 gitanos a Rumania y Bulgaria, en el marco del endurecimiento de la política de seguridad de Sarkozy.
Shada Islam, experta del ‘think-tank’ European Policy Center de Bruselas, critica la manera en que se está desarrollando el debate, marcado «por los clichés y los prejuicios» contra los gitanos, una etnia originaria principalmente de Rumania y Bulgaria, y «no sobre la base de la realidad».
«Es urgente abordar el fenómeno», pero «atacando sus raíces, como la falta de educación y empleo» entre esa comunidad de casi 12 millones de personas.
