Una ley que penaliza la pertenencia y financiación de pandillas rige desde ayer en El Salvador. Los condenados en base a esta norma no podrán, por ejemplo, ejercer derechos políticos, recibir ayuda del Estado o licencias ni ser dueños legales de negocios.
La Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, conocida como «antimaras», fue aprobada por el Parlamento el 1 de septiembre y sancionada después por el presidente Mauricio Funes, quien descartó negociar con los pandilleros.
A raíz de esta ley, que busca contener la violencia que desangra a este país, donde se registran entre 10 y 13 asesinatos por día, la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara 18 (M18) buscaron paralizar el transporte para impedir su sanción presidencial; de hecho consiguieron que el servicio fuera suspendido por 72 horas.
La norma declara ilegales y proscribe «las llamadas pandillas o maras» y prevé la «la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia» de bienes, efectivo, derechos, ganancias y ventajas que adquiridas como parte de esa actividad delictiva. También faculta a la Fiscalía o al juez competente a ordenar la inmovilización de cuentas bancarias o incautar bienes relacionados con el ilícito.
El viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, dijo que las autoridades contarán «con nuevas herramientas» para «proceder contra el patrimonio de los miembros de pandillas o relacionados con pandillas».
«No pueden ejercer derechos políticos aquellos que sean condenados por este delito (…) no pueden recibir ningún beneficio legal de parte del Estado, no pueden ser legalizados, no pueden ser apoyados, no pueden mantener permisos (…), por ejemplo, de operar un bus, ni pueden ser dueños» de éstos mediante terceros, sentenció.
El Ejecutivo presentó la ley luego de que pandilleros incendiaron el 20 de junio un autobús con sus pasajeros a bordo, un hecho que causó 17 muertos. Ese mismo día fue atacado a tiros otro vehículo, lo que se cobró tres vidas.
En 1996 y 2003 habían entrado en vigor otras dos normas que establecían como delito pertenecer a pandillas, pero fueron declaradas inconstitucionales porque penalizaban «modos de ser». Ésta, que es una «ley administrativa», que especifica las conductas prohibidas y que, por sí sola, no establece penas, dijo Campos. Para ello modificará el Código Penal.
Iglesia apoya la vigencia
La iglesia católica de El Salvador aseguró que la ley que proscribe a las pandillas y que entró en vigencia ayer es una «herramienta válida», a la vez que se pronunció por la adopción de programas de reinserción y de prevención de la violencia.
«No sabemos en realidad el futuro, ni cuánto (la ley) va a ayudar (…), pero pensamos como lo hemos dicho en varias ocasiones que es una herramienta válida, que es un esfuerzo positivo que hacen las autoridades», declaró en rueda de prensa el arzobispo de San Salvador, José Luis Escóbar. La autoridad eclesial confió que la ley a los pandilleros sea aplicada para salir al paso de la violencia.
