El Gobierno de Cuba comienza hoy con los despidos de trabajadores públicos excedentes, proceso que en su primera fase durará seis meses y afectará a medio millón de funcionarios. «La cesación laboral de muchos será un proceso de readaptación que tendrá una dificultad especial», señaló el viernes el cardenal Jaime Ortega, quien admitió que «hay preocupación; yo diría que hay un poquito de expectativa».
El plan gubernamental pretende que en total se elimine un millón de empleos públicos, de los 4,2 millones en empresas e instituciones estatales. Se espera que con los despidos se imprimirán mayor productividad y eficiencia a la economía y, con el ahorro, se aumentará salarios. La primera fase será de octubre a marzo del 2011.
Según el plan del presidente de Cuba, Raúl Castro, unos 465.000 de los cesantes deberán ser absorbidos por el sector no estatal, por lo que se otorgarán licencias para pequeños negocios —existen 144.000— en 178 oficios y cooperativas urbanas de producción de bienes y unos 40 servicios, que deberán pagar varios impuestos.
Quienes pierdan el empleo recibirán un mes de salario como compensación y aquellos que no logren insertarse en el sector no estatal tendrán el 60 por ciento del sueldo, según su antigüedad, por cinco meses máximo.
A fin de promover la mediana empresa, el Gobierno autorizó la contratación libre —antes sólo permitía familiares—, que también estará gravada.
Las medidas fueron recibidas por muchos como opción de empleo y de mejorar su nivel de vida, pues el Estado paga 20 dólares de salario, pero otros están pesimistas por el peso que implicará el pago de tributos.
Al tratar de calmar las inquietudes, el diario oficial Granma admitió que «es cierto que podríamos encontrar núcleos familiares afectados en el transcurso de la aplicación de esta medida, pero al lado de ellos estará la Revolución humanista, evaluando y proponiendo soluciones».
