El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó ayer que su país está en calma tras la rebelión de unos 1.000 miembros de la Policía el 30 de septiembre y que dispuso una reestructuración del mando de esa institución, en la que —según denunció— opera un grupo paramilitar.
«Nos dicen que todo está en calma», dijo el Mandatario en su informe semanal emitido desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, en el que ante simpatizantes llamó a que «no nos engañemos» en cuanto a perder de vista que se trató de un intento de golpe de Estado.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, anunció que se mantendrá por tiempo indefinido un estado de excepción en Quito declarado a raíz de la rebelión, que dejó 10 muertos y 274 heridos, para que las Fuerzas Armadas asuman las labores policiales. La medida regía a nivel nacional y debía concluir en todo el país hacia la medianoche del viernes.
Durante el estado de excepción, que se puede declarar en casos de conmoción interna, el Presidente está facultado para suspender o limitar derechos como la inviolabilidad de domicilio, disponer la censura previa en la información de los medios y disponer el empleo de la fuerza pública.
Correa indicó que junto a sus cercanos colaboradores está analizando la situación de la Policía a raíz de la insurrección, que también fue tildada de intento golpista por la OEA. «Se están reestructurando los mandos policiales y todas las cosas que fallaron» para detectar la sublevación, dijo el gobernante.
