El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, explicó que la rebelión policial del 30 de septiembre fue como una señal de alarma para su proyecto socialista, que no puede prosperar solamente con el apoyo popular y tiene que estar atento a la posibilidad de un golpe de Estado, según dijo a la AFP en una entrevista exclusiva.
Dos semanas después de la insurrección, el Presidente depura la tesis sobre los hechos que dejaron 10 muertos y 274 heridos, señalando que la revuelta fue instigada por policías corruptos en contubernio con opositores para propiciar su caída, mediante una estrategia de desinformación.
Al mismo tiempo admite que el motín contra una ley que eliminó bonificaciones para la fuerza pública bajó de las nubes a la «revolución ciudadana», el plan que impulsa desde enero del 2007 para combatir la inequidad en el país más inestable de la región, con ocho presidentes desde 1996.
La sublevación «marca un antes y un después en nuestro proyecto, nos pone de nuevo los pies sobre la tierra; tal vez estábamos confiados con el apoyo popular que tenemos, con el reconocimiento a la labor del Gobierno», dijo Correa en el Palacio de Carondelet.
«Creo que subestimamos los factores desestabilizadores», añadió el economista de 47 años, quien no repara en culpar de la «conspiración» al ex presidente Lucio Gutiérrez.
