Asambleístas de oposición de Ecuador denunciaron ante un tribunal la medida del Gobierno de obligar a los canales privados a emitir la programación de una estación de televisión pública durante el alzamiento del 30 de septiembre.
El asambleísta de Izquierda Democrática (ID), Andrés Páez, indicó a EFE que la acción fue «inconstitucional» porque no se respetó el derecho de los ciudadanos de «informarse en la cadena que quisieran» durante la sublevación.
Páez testificó ante el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Quito junto con César Montúfar (Concertación Nacional), Leonardo Viteri (Partido Social Cristiano), Fausto Cobo y Fernando Aguirre (Sociedad Patriótica).
Ellos habían interpuesto una acción de protección a los derechos contra el presidente Rafael Correa, así como contra Vinicio y Fernando Alvarado, secretarios de Administración y de Comunicación.
En la audiencia participaron los abogados de Correa y de los hermanos Alvarado. El Gobierno interpretó la insurrección como intento de golpe, por lo que ordenó que las televisiones y radios se enlazaran a la transmisión pública.
