La próxima presidencia de la República de Brasil deberá lidiar con un tema espinoso que ha flotado como un fantasma durante toda la campaña electoral. Ninguno de los dos candidatos, la gubernamental Dilma Rousseff (sucesora del actual presidente Lula da Silva) y el oposicionista José Serra, negaron la necesidad de la libertad de expresión.
Sin embargo, la oposición continúa achacando al partido del gobierno, el Partido de los Trabajadores, la tentativa de buscar instrumentos jurídicos y políticos para controlar los medios de comunicación.
Freno. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, a pesar de su continua insatisfacción con los medios de comunicación a los que acusa de «esconder los logros de su gobierno», consiguió durante sus ya casi ocho años de gobierno, frenar los ímpetus de la parte más izquierdista de su partido, que en más de una oportunidad intentó crear un Consejo de Vigilancia de los medios.
Llegó a ser planificada una cartilla donde una comisión de la que participaría también el Gobierno, pondría puntos de buena o mala conducta a los informadores de prensa, radio y televisión que podrían acabar siendo impedidos de ejercer la profesión.
Lo que no le fue posible —por lo menos hasta ahora— al Gobierno central, gracias probablemente a Lula, empieza a desarrollarse como un fantasma en los gobiernos locales.
El diario Folha de Sao Paulo ha lanzado la alarma: son ya cinco los Estados del país: Ceará, Bahía, Alagoas, Piauí y Sao Paulo, donde se baraja la implantación de consejos de comunicación con la finalidad de controlar los medios mediante organizaciones sociales.
